Para garantizar la interrupción del embarazo por violación o inseminación no autorizada, el Congreso del estado aprobó este martes reformas que regulan el procedimiento que deben seguir las mujeres que lo soliciten, las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia, así como las autoridades y personal encargado de prestar servicios de salud.
Olaf Presa Mendoza, diputado del Partido del Trabajo (PT), indicó que al reglamentar el procedimiento para acceder a la interrupción legal del embarazo por violación, se eliminarán las barreras existentes en la ley, para asegurar que las mujeres que han sido víctimas de un atentado contra su libertad sexual y reproductiva, puedan acceder de manera oportuna, consciente e informada al procedimiento.
Al presentar ante el pleno del Congreso el dictamen a favor de las reformas, el petista y autor de la iniciativa señaló que a pesar de que es un derecho para las mujeres interrumpir su embarazo cuando su libertad sexual o reproductiva ha sido vulnerada, no existía un procedimiento regulado que le permitiera ejercer ese derecho.
Tampoco existían procedimientos que le permitieran recibir información y atención de calidad por parte de los funcionarios públicos que intervienen en el proceso, lo cual retrasaba la práctica de la interrupción a grado tal que la hacía inefectiva, dijo.
Con las modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud del Estado, se establece un procedimiento legal para acceder a la interrupción legal del embarazo cuando éste es producto de una violación o una inseminación artificial indebida.
Las reformas aprobadas por los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y PT y la abstención del Partido Acción Nacional (PAN), facultan al Ministerio Público a otorgar la autorización para interrumpir el embarazo por violación o inseminación no autorizada en un término de 48 horas, y a la Secretaría de Salud a practicarlo en un término de hasta cinco días.
Asimismo, obliga a la Secretaría de Salud a contar con personal no objetor de conciencia para la práctica de interrupción de embarazos permitidos por la ley, que ésta se haga de manera gratuita, en condiciones de higiene y por personal capacitado.
El Código Penal de Colima considera lícito el aborto cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de violación o de alguna técnica de reproducción asistida indebida; cuando se practique porque el producto presenta alteraciones genéticas que den por resultado un ser con trastornos físicos o mentales graves, y cuando de no provocarse el aborto con el consentimiento de la mujer embarazada, ésta corra peligro de muerte o afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista.
