Se consumó el proyecto del Banco Mundial: el apoderamiento de la administración pública y su presupuesto por los consorcios transnacionales, con la aprobación por el Senado de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Iniciativa de Calderón, entretenida en el Congreso por un largo tiempo, consultas y ajustes intrascendentes, aprobada al fin del periodo, pasa casi inadvertida. Ocultando el origen del proyecto, presentada sólo como facilitadora de la colaboración privada en obras y servicios, cuando es realmente un mecanismo, aplicado abusivamente en diversos países, para convertir sus administraciones públicas en negocios transnacionales.
La ley en cuestión es inconstitucional, viola el Artículo 90, que establece que la administración pública será centralizada y paraestatal, como actividad primordial del Estado para atender el interés público, en el marco del Estado de derecho, jerarquizada bajo el poder público.
La ley define las acciones público privadas como esquemas para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final.
La asociación permite a entidades privadas contratar la prestación de servicios públicos, asociados a las entidades públicas responsables de prestarlos, adquiriendo derechos que les confieren autoridad en dicha prestación, con duración de 40 años renovables. Estos derechos privados asociados operan en un régimen de excepción, se derogan las leyes relativas a obra pública y servicios, les garantizan declaraciones de utilidad pública, expropiaciones simplificadas, aportaciones presupuestales aseguradas. Son contratos intocables; el artículo sexto, en sólo una línea desliza una mención aparentemente inocua: "la aplicación de esta ley será sin perjuicio a lo dispuesto en los tratados internacionales", esencia de la trampa.
Las propuestas de la asociación pueden venir de interesados no solicitados que deben ser atendidos, su aceptación a ser considerados crean derechos. La ley permite la asignación sin licitación. Dada la corrupción imperante, es previsible la entrega acelerada de la función pública.
Pese a falsos controles, la asociación de entidades privadas en los servicios públicos, rompe la estructura de la administración pública al injertar intereses privados con derechos decisorios. El Estado mexicano pierde el control de su responsabilidad constitucional de atender los intereses públicos, estará constreñido a atender intereses privados asociados, que resultarán poderosas corporaciones extranjeras.
Por eso hay un capítulo de controversias: "las divergencias entre las partes se resolverán mediante expertos o árbitros en juicios entre el Estado mexicano y una corporación extranjera, o sea, los intereses del servicio público carecerán de autoridad, estarán subordinados. El procedimiento, dice la ley, se llevará, gran concesión, en español, conforme a las leyes mexicanas, lo que es falso, porque en el artículo 28 de la ley de servicios del sector público, que reforma el mismo decreto, se subraya que esta materia está regida por los tratados de libre comercio que establecen regulación internacional y los tratados, afirma la Suprema Corte, están por encima de la ley.
Esta ley de Calderón, diputados y senadores del PRI y del PAN, es la última etapa del desmantelamiento del Estado mexicano. No tardan en entrar las corporaciones a los servicios de Salud, de Educación Pública, Seguridad, Ejército y policías. El interés público se irá definiendo por intereses extranjeros.
Mientras en EU y Europa se busca revivir al Estado, a la autoridad, frente a intereses privados, nuestros "dirigentes" aceleran la enajenación de la nación. Calderón y asociados buscan aferrarse al poder, sometiéndose al hegemón, anhelado su complacencia. Esperamos que la nación se los demande.
