En el límite fijado por la ley, tras un largo periodo de resistencia, el presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley de Ayuda Alimentaria aprobada por el Congreso, en cuyo escenario se revive la posibilidad de deducción de las empresas en materia de comedores, despensas y vales de comida para sus trabajadores
Publicado el lunes en el Diario Oficial, el ordenamiento entró en vigor ayer, en una coyuntura en que los sindicatos libres preparaban movilizaciones en protesta frente al encarecimiento de los productos de la canasta básica.
La posibilidad, pues, cae como anillo al dedo, aún cuando del dicho al hecho debió recorrerse un largo trecho de zancadillas, golpes bajos, bloqueos y modificaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, con aval de la bancada panista en el Senado.
Colocada en la mesa la propuesta en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del 2008 por un grupo de priistas encabezado por María de los Ángeles Moreno, ésta sería enlatada durante 15 meses, por más que de inmediato había recibido la adhesión de 20 senadores perredistas.
La exposición de motivos hablaba de una drástica caída en la recaudación fiscal por efecto del bajo precio del petróleo, la crisis económica y una caída dramática en las exportaciones.
El erario, pues, no podría absorber el costo de la prestación. Lo cierto es que ésta se planteaba como opción para darle la vuelta a la reforma fiscal que, en el marco del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), canceló la posibilidad de deducciones en la materia.
Ahora que el argumento central hablaba de respetar los acuerdos internacionales a los que se ha adherido México en materia del derecho humano a la alimentación.
Desde el plano práctico, la iniciativa, cuya posibilidad de dictamen se pospuso en 10 ocasiones, hacía referencia a estudios de la Organización Internacional del Trabajo que asocian una nutrición deficiente al ausentismo y las enfermedades infecciosas, y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta 20% la productividad.
De hecho, el propio organismo documenta una serie de beneficios obtenidos por países que han adoptado el esquema... bajo el cobijo de la deducción fiscal.
En América Latina, el caso más significativo es el de Brasil, quien mantiene desde hace tres décadas un ambicioso Programa de Alimentación para los Trabajadores.
Y aunque en nuestro país el escenario se abrió desde hace un lapso similar, vía vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas, no existe ninguna disposición legislativa que obligue a la permanencia y continuidad de los programas.
Peor aún, la reforma fiscal aprobada por el Congreso le cortó las alas a la posibilidad, por más que 30% de los ingresos familiares se destina a la comida, alcanzando en el caso de las familias pobres, hasta 40%. A la letra, el objetivo de la Ley de Ayuda Alimentaria habla de "Contribuir a mejorar el estado nacional de la fuerza laboral, así como prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional".
Por lo pronto, la alternativa, sin carácter obligatorio, no discrimina entre trabajadores públicos y privados, es decir, el apartado A o B que señala el Artículo 123 de la Constitución.
Ahora que en el camino se impusieron algunos candados.
Por ejemplo, para acceder a la deducción, ya para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), las personas físicas con actividad empresarial o las empresas deberán incorporar la prestación al Contrato Colectivo de Trabajo.
Más allá, en el caso de los vales para despensa, no podrán ser canjeables por bebidas alcohólicas o cigarros.
Las compañías que opten por otorgar comidas lo podrán hacer vía comedores o restaurantes y establecimientos administrados directamente por el patrón o terceros, vía el uso de vales impresos o electrónicos.
En el caso de las despensas, se considerará un ingreso exento cuando su costo se ubique en el equivalente a un salario mínimo general elevado al año.
La intención es crear una comisión a la que concurran representantes del Gobierno Federal, patrones y trabajadores, para evaluar si se está cumpliendo con los objetivos.
Comida gratis.
BALANCE GENERAL
La noticia es que la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados está investigando la operación por medio de la cual la empresa estadounidense Brink's adquirió 80% de las acciones de la firma de traslado de valores Servicio Panamericano de Protección, en la sospecha de corrupción para soslayar la ilegalidad. De acuerdo a la Ley de Inversiones Extranjeras, las firmas transportistas que se instalan en México tienen una cláusula de exclusión para extranjeros.
Más aún, la operación viola diversos ordenamientos como la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, al otorgársele a una entidad del exterior mando sobre policías armados.
El dardo apunta no sólo a los bancos que vendieron sus acciones, sino a las Secretarías de Economía y de Hacienda que autorizaron la operación.
BANQUEROS, CALIENTES
Pues ahora resulta que la habitualmente tersa sucesión en la Asociación de Bancos de México, al calce de su convención anual a celebrarse en Acapulco, se está calentando con dos gallos en el ring.
Hasta hace unas semanas el consenso hablaba de que el sucesor de Ignacio Deschamps, presidente de Bancomer, sería el director general del banco inglés HSBC, Luis Peña.
Sin embargo, en los últimos días, empujado por intermediarias de capital nacional, con énfasis en Banorte, ha surgido la candidatura del director general del banco VeporMás, Jaime Ruiz Sacristán, hermano gemelo de Carlos, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes durante el régimen zedillista.
La pelea, naturalmente, no será sólo por el simple trono.
BATALLA DEL AÑO
El lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia enlistó en su agenda de trabajo la discusión en torno al amparo interpuesto por 15 intelectuales contra la reforma electoral que canceló la contratación de espacios de propaganda política en temporada de comicios, de cara a televisoras y radiodifusoras.
La exposición de motivos hablaba de evitar escenarios como el generado en la fase previa a la elección presidencial del 2006, en que se lanzó una cargada de spots contra el candidato Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, las causas aducidas por los promoventes del amparo que sería atraído por el máximo tribunal de justicia del país, hablan de un atentado a la libertad de expresión.
La pelea será de antología, en un escenario en que el organismo ha cambiado tres veces de ministro ponente.
Si originalmente éste era José Ramón Cosío, más tarde se cambió por Guillermo Ortiz Mayagoitia, para luego meterlo bajo una bolsa de papel, al estilo del "tapado".
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