Campaña. En la imagen la escritora Elena Poniatowska.
Académicos, activistas, investigadores, especialistas en seguridad y artistas exigieron ayer al Gobierno federal abatir la impunidad de los casos criminales, poner fin al derramamiento de sangre que ha dejado la guerra contra el crimen organizado y "sacar" a los militares de las calles.
En el evento denominado "Un minuto por no más sangre", el periodista Miguel Ángel Granados Chapa sostuvo que la ola de violencia desde diciembre de 2006 es consecuencia, en parte, de la inacción del Estado Mexicano para investigar eficientemente los más de 40 mil homicidios.
"No ha investigado suficientemente cada una de estas muertes y no ha llevado al debido proceso a los causantes de ella, por eso cuando el Gobierno se queja de que esta es una campaña contra el Gobierno, tiene en el fondo razón porque la sociedad está reclamando que deje sin castigo los crímenes que se han cometido entre las bandas delincuenciales y la fuerza pública.
"Se está llevando de por medio a miles de ciudadanos enteramente ajenos a las pugnas entre los delincuentes y al combate del Estado contra el crimen organizado. Que investigue, localice, detenga, procese, sentencie y condene a cada uno de los causantes de las 40 mil muertes", dijo.
Si el Estado no hubiera sido omiso, señaló Granados Chapa, la cifra de muertes asociadas a la lucha anticrimen no hubiera sido tan alta, ya que el mejor "caldo de cultivo" de la violencia es precisamente la impunidad.
Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Corte, aseguró que el país vive condiciones de impunidad e inseguridad que han coartado las libertades de los ciudadanos y tienen a una parte de la sociedad esclavizada al miedo.
"La inseguridad nos priva de uno de los hechos fundamentales: la libertad; nos encontramos esclavizados al miedo y nos niega la tranquilidad de disfrutar de la libertad de tránsito, de la libertad de reunirnos, de la libertad de ir a trabajar, de la libertad a recibir educación, de la libertad a un ambiente sano y en paz.
"Pero más importante aún, de la libertad de vivir en plenitud", señaló.
Silvano Cantú, del Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como activistas de Chihuahua, Coahuila y Durango, exigieron que los militares y marinos regresen a sus cuarteles para evitar más violencia y violaciones a los derechos humanos.
"Vemos que en los estados donde hay militares no sólo en los operativos conjuntos, sino también con secretarios de seguridad locales y municipales, tienen los peores comportamientos en las tasas de homicidios y tasas delictivas en general".
EL UNIVERSAL
