Activistas a favor de los inmigrantes aplaudieron la acción ante la corte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para frenar la ley antiinmigrante en el Estado de Utah.
'El DOJ continua ejerciendo apropiadamente su obligación para preservar la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la inmigración', indicó en comunicado el 'American Immigration Council'.
Subrayó la buena recepción de la organización a la toma de una postura del DOJ contra legislaciones que resultarían en discriminación, aplicar un perfil racial y la violación de los derechos constitucionales fundamentales.
La víspera el Departamento de Justicia interpuso una demanda en una corte federal para bloquear la implementación de la ley antiinmigrante HB 497 en el estado de Utah e indicó que su demanda es consistente con otras acciones judiciales contra leyes similares en Alabama, Arizona y Carolina del Sur.
Argumentó que 'los mandatos para la aplicación de ley podrían llevar al acoso y detención de visitantes foráneos e inmigrantes legales que están en proceso de revisión de su estatus migratorio a los que el gobierno les permite permanecer en el país mientras esos procedimientos estén pendientes'.
La organización ejemplificó esa preocupación con el caso de un ejecutivo alemán de la armadora Mercedes Benz que la semana pasada fue arrestado bajo la ley antiinmigrante de Alabama mientras visitaba la planta automotriz en ese estado.
Destacó que si bien la ley en Utah es similar a otras legislaciones antiinmigrantes, los congresistas estatales intentaron asociar la implementación de la medida con un plan de trabajadores temporales a nivel estatal que el DOJ aun no ha desafiado en las cortes porque se pondría en efecto hasta el 2013.
'Los estados que contemplan copiar esas leyes deberían estudiar las consecuencias desastrosas que se están desarrollando en esas demarcaciones:, indicó Benjamín Johnson, director ejecutivo del AIC.
Recordó que mientras las leyes están dirigidas a los inmigrantes indocumentados el impacto en los negocios, familias y comunidades, prueba que dichas medidas representan una amenaza al bienestar de los residentes en esos estados.
Reiteró su llamado al Congreso para una solución federal o 'arriesgarse a mayores retos futuros a su autoridad sobre la política migratoria.
