La condena vitalicia o perpetua a secuestradores que asesinen, torturen o agredan sexualmente a sus víctimas contraviene el Artículo 18 Constitucional, que permite a todo sentenciado el derecho a la reinserción social, aseguró Federico Arriola.
El investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) alertó, en un comunicado, que la cadena perpetua, ya legislada en Chihuahua, se impondrá a nivel federal.
Expuso que el Artículo 18 de la Carta Magna considera, entre otros aspectos, según la reforma del 10 de junio de 2011, que el sistema penitenciario respetará una serie de derechos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.
'Se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley', establece dicho artículo.
El investigador Arriola añadió que 'todas las leyes, según los tratados internacionales, buscan que sean armoniosos con la Constitución'.
Por ello, consideró inadmisible 'que el Ejecutivo federal y el Senado firmen tratados internacionales de protección a los derechos humanos para que luego se reformen leyes que violan la Constitución'.
A su juicio, existe una falta de coordinación entre los niveles de gobierno, y el problema "no es legal, sino de índole cultural y de coordinación de prevención de la criminalidad'.
Además, esa medida no ataca el problema de fondo, sino de manera superficial; se ha agudizado, no sólo se han detenido a bandas, sino a familias enteras que se dedican a esta actividad, lo que advierte de 'un problema cultural', finalizó el experto.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la víspera las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para castigar con prisión vitalicia a plagiarios que asesinen a sus víctimas.
Los diputados federales validaron así una propuesta presentada en febrero pasado por el estado de Chihuahua, sin embargo la reforma debe aprobarse en el Senado.
