Las pesquisas para deslindar responsabilidades y llegar a los funcionarios que dieron luz verde para el desarrollo de la operación "Rápido y Furioso" han alcanzado nuevas dimensiones.
El Comité de Supervisión Gubernamental del Congreso de Estados Unidos, que preside el republicano Darrell Issa, citó a comparecer sobre el caso el 26 de julio a los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego que desempeñaban sus funciones en México.
Hasta ahora sólo se había interrogado sobre el fallido plan a agentes de campo y mandos tanto de esa dependencia como del Departamento de Justicia activos en las distintas oficinas de EU, incluido el director en funciones de la ATF, Kenneth Melson. Pero la intención del panel que busca llegar al fondo del caso es escuchar los testimonios de los funcionarios de primer nivel que "pudieron presenciar el flujo de armas" desde EU hacia México.
En la comparecencia, se espera que los miembros del Comité de Supervisión Gubernamental cuestionen a los funcionarios sobre si recibieron o no órdenes de sus superiores para no informar a sus contrapartes mexicanos que varias de las armas encontradas en escenas de crímenes en México fueron adquiridas de manera ilegal en EU.
La vocera del Comité en la Casa de Representantes, Beca Glover, dijo al diario "The Washington Times" que los funcionarios llamados a comparecer son William McMahon, asistente del Director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; José Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, exjefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.
La audiencia se centrará en "funcionarios de la ATF que vieron el número de armas de 'Rápido y Furioso' que fueron recuperadas en escenas de crímenes en México y que recibieron órdenes de sus superiores de no alertar a las autoridades mexicanas".
Los congresistas se enfocarán así en asuntos concernientes directamente a México y en funcionarios que tuvieron conocimiento directo de las relaciones con el gobierno mexicano durante la operación "Rápido y furioso".
"Este testimonio es especialmente importante a la luz de los esfuerzos del Departamento de Justicia para ocultar la evidencia de lo que realmente ocurrió a los investigadores, sobre quién sabía y quién autorizó este imprudente operación", señaló el congresista Darrell Issa, que preside el Comité de Supervisión Gubernamental.
En marzo Darren Gil, entonces jefe de la ATF en México que despachaba desde la embajada de EU y citado a comparecer el martes, aseguró a la cadena CBS que fue su supervisor en Washington quien le hizo saber de una operación que implicaba el tráfico vigilado de armamento. La indicación que le dio, reveló, fue la de no mencionar nada a sus homólogos mexicanos, esto, pese a su manifiesta reticencia y a constantes señalamientos sobre el peligro que esa estrategia representaba para los oficiales de la ATF en México, así como para las mismas autoridades nacionales.
Indagan represalias
La inspectora general del Departamento de Justicia de EU abrió un nuevo caso para investigar presuntas represalias dentro de la dependencia en contra de uno de los agentes que destapó el escándalo del programa "Rápido y furioso".
Cynthia A. Schnedar, encargada de conducir indagatorias, auditorías e inspecciones al personal de la instancia bajo el mando del fiscal general Eric Holder, examina si algún funcionario dentro del Departamento de Justicia filtró de manera indebida correspondencia interna con el objetivo de desprestigiar al agente John Dodson, de acuerdo con un reporte publicado por la Radio Pública Nacional.
Dodson es el oficial de la ATF, que dijo al Comité de Supervisión Gubernamental que advirtió a sus supervisores las consecuencias de la "temeraria operación".
