El fin de semana tuve la oportunidad de dialogar con Rocato Bablot, vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En la entrevista salió a relucir una frase que ha venido pronunciando Julián LeBarón, uno de los íconos del movimiento encabezado por Javier Sicilia: "Todos somos responsables de este holocausto". Pero "hay niveles de responsabilidad", aclaró Bablot.
La frase -y su complemento- ponen de manifiesto una realidad inobjetable: de alguna u otra manera, todos los que pertenecemos a esta sociedad hemos contribuido al incremento del fenómeno de la delincuencia, aunque no todos lo hemos hecho en el mismo grado. Sin duda, son los funcionarios públicos quienes cargan con la mayor culpa. De esa premisa parten los integrantes de un movimiento que inició con un grito de dolor y llanto y que ahora, como lo vimos el jueves pasado, se sienta cara a cara frente a los políticos a exigirles, sí, pero también a proponerles posibles soluciones.
De la misma forma que cada uno de los actores de este teatro del horror en el que se ha convertido la vida pública nacional, tiene su parte de culpa, corresponde a cada uno asumir el compromiso de contribuir a colocar un peldaño para salir del pozo en el que nos encontramos. Los miembros del Movimiento por la Paz han puesto un buen ejemplo de cómo la indignación puede transformarse en reclamo y acción. Los activistas, en su mayoría integrantes de familias mutiladas por el crimen, han decidido sacar a sus seres queridos, asesinados y desaparecidos, del anonimato de la estadística y poner su nombre y su rostro en una bandera: ni una muerte más, paz con justicia y dignidad.
Atención a las víctimas; Ley de Seguridad Nacional pensada en los ciudadanos; atención a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia; reforma política de horizonte amplio; desmilitarización paulatina de la lucha contra el crimen, son algunas de las propuestas planteadas por el movimiento al Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo.
Pero a otros niveles, también hay mucho que hacer. Por ejemplo, cuando Rocato Bablot habla de la salida gradual del Ejército de las calles, dice: "ahí está la responsabilidad de los gobernadores, de los presidentes municipales (...) ellos tienen que empezar a hacer trabajos que conduzcan a esta desmilitarización del país". Porque es obvio que mientras no existan policías estatales y municipales confiables, las fuerzas armadas seguirán siendo necesarias en esta lucha. Coahuila y Durango son ejemplos claros de ello.
En La Laguna, región partida por la política, pero unida por la historia, la violencia ha escalado a niveles no vistos desde tiempos de la revolución. En medio del dolor y la fractura que el crimen ha dejado, surge la necesidad de aglutinar esfuerzos en torno a un objetivo común: obligar a las autoridades de los distintos niveles, sobre todo de los más inmediatos, a trabajar en políticas públicas que consideren el problema de la inseguridad con todas sus aristas.
Los pendientes abundan: mejorar el trabajo de las fiscalías, disminuir el índice de impunidad, profesionalizar las policías, garantizar la seguridad de los denunciantes, acortar los tiempos de reacción ante reportes ciudadanos, combatir la pobreza, ampliar las oportunidades para los jóvenes, establecer mecanismos de vigilancia de servidores públicos, crear entornos urbanos menos hostiles, y un largo etcétera.
Ante esto, cabe la pregunta: ¿qué están haciendo nuestros diputados locales, gobernadores, alcaldes y regidores para avanzar en todos esos temas? La imparable ola de robos y homicidios que azota a la región y el insistente reclamo de la presencia de fuerzas federales por parte de autoridades locales, nos lleva a pensar que no ha habido la voluntad suficiente para caminar hacia adelante. Se sigue privilegiando la reacción sobre la acción y prevención. En esta parte, como ciudadanía, nos toca exigir.
Pero en lo individual, en nuestro ámbito cercano, nos toca actuar. Hemos escuchado y leído sugerencias para contribuir a frenar la espiral de violencia que nos golpea, desde las más elementales como respetar las leyes, no ser cómplices de la delincuencia, rechazar el dar o recibir "mordidas" y denunciar los delitos, hasta las que implican compromisos mayores como contribuir a generar espacios públicos más armoniosos, erradicar la violencia en la familia, fomentar el diálogo como instrumento para resolver los conflictos e impulsar la organización y participación ciudadanas, entre otros.
Es cierto, se dice más fácil de lo que es llevarlo a cabo, sobre todo estando inmersos en un ambiente tan viciado y con la desconfianza que inspiran quienes encabezan las instituciones. Pero debemos entender que contra la inseguridad, actuar es tan necesario como exigir. De otra manera, nos estaríamos condenando. Porque si, como dijo Rocato Bablot, "el país tiene una deuda consigo mismo", hay que comenzar, pues, a saldarla todos.
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