El proyecto de ley presentado por diputados del PRI para prohibir las corridas de toros en el Estado de Coahuila, se advierte como parte de una campaña de distracción para disimular la enorme deuda pública que oscurece el futuro de la entidad.
El impulso reciente a la iniciativa presentada hace diez meses, coincide con la revelación de la calificadora de riesgos crediticos Fitch Ratings, que en el marco de la negociación con catorce bancos acreedores, asegura que hay una diferencia entre ingresos y egresos que no aparece en los estados financieros del gobierno de Moreira, por veintinueve mil millones de pesos, lo que implica que el destino del importe del noventa por ciento de la deuda es un enigma. El encargado del Palacio Rosa Jorge Torres, anuncia que a principios de noviembre se esclarecerá la deuda de Coahuila, y entonces se dará a conocer cuánto y en qué se invirtió.
Lo anterior nos da la medida del problema y explica la magnitud de los esfuerzos por echar tierra al asunto, aunque es difícil que los ciudadanos se traguen esa rueda de molino, porque la deuda no es un tema cualquiera de nuestra vida pública, sino un peso a llevar durante más de veinte años, sobre las espaldas de cada coahuilense.
En el caso fue posible mantener oculta la deuda, debido a un congreso local de mayoría priista sometida al gobernador, lo que aunado a la falsificación reiterada de documentos mantuvo en la opacidad el adeudo y al caer en un proceso de negociación bajo las exigencias del sistema bancario, comienza a salir a la luz.
Los esfuerzos por restar importancia al problema incluyen la iniciativa antitaurina copiada de otras latitudes, en las que el tema de las corridas de toros genera un debate que divide a la sociedad en dos posiciones, que aseguran ambas proteger a las reses bravas.
Los enemigos de las corridas quieren evitar el dolor físico, mal llamado "sufrimiento", que para los animales implica la lidia, y los defensores de la fiesta sostienen que sólo la práctica del toreo explica la sobrevivencia de la especie (bos tauro), extinta en el planeta, salvo en los países en los que el toro bravo es criado con todas las reglas del arte.
Lo cierto es que en Coahuila no existe una demanda social que justifique la prohibición de las corridas, y la iniciativa de ley acusa que los mismos diputados priistas que durante el sexenio de Moreira I solaparon el endeudamiento, recurren a toda clase de malabares para tapar el sol con un dedo, ahora que está a punto de iniciar la gestión de Moreira II.
No falta quien diga que la fobia a la tauromaquia lleva dedicatoria represiva expresa en contra de Santana Armando Guadiana Tijerina, ciudadano coahuilense y minero de empresa, que en los últimos tiempos ha encabezado un movimiento de crítica y oposición en contra del régimen de los Moreira, en las regiones centro y sur este del Estado de Coahuila.
Resulta que entre sus negocios, Guadiana es empresario taurino y dueño de la que fue ganadería de Don Jesús Cabrera, originada en Mazapil, Zacatecas. La divisa tuvo su mejor época a partir de 1937 en que fue adquirida por el matador regiomontano Lorenzo Garza, conocido en sus días de gloria como "El ave de las tempestades". El Ingeniero Guadiana Tijerina compró la ganadería en 2007 y hoy día, divisa y sangre recuperan su viejo lustre al regresar a la Plaza México en la reciente temporada grande.
La postura cívica de Guadiana le ha generado un mal ambiente con los Moreira, por lo que algunos empresarios moreiristas orgánicos han denostado al crítico en desplegados de prensa, pretendiendo convertirlo en perro del mal. Los partidarios de Guadiana han respondido a su vez en reconocimiento y apoyo al disidente, abrazando públicamente su causa y avalando su trayectoria.
La idea de generar un debate artificial en torno a las corridas de toros como cortina de humo y factor de impunidad es pésima, pero resulta poca cosa frente a la sospecha de que la iniciativa legislativa que nos ocupa, sea manipulada como instrumento de persecución y linchamiento.
Quién sabe si Guadiana es tan bueno como aseguran los que lo apoyan o tan malo como dicen quienes lo atacan. Lo cierto es que se trata de un ciudadano que como tal tiene derecho a disentir del gobierno, a expresar libremente sus opiniones y a velar por sus ideales e intereses, tanto en la arena de la lucha cívica, como en el campo bravo de la política.
