Aval. Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la decisión de varios congresos estatales de posponer hasta agosto de 2012 la entrada en vigor de las reformas a la llamada ley contra el narcotráfico, que aprobó en abril de 2009 la Cámara de Diputados.
Por seis votos contra cinco, los ministros desecharon cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y determinaron que los congresos locales tienen facultades concurrentes con el Congreso de la Unión para legislar el delito de narcomenudeo en sus códigos penales y leyes de salud.
Al validar el plazo de tres años fijado por los congresos locales de Chihuahua, Quintana Roo, Campeche y Jalisco para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, el pleno validó la posibilidad de que los gobiernos estatales comiencen a perseguir el narcomenudeo hasta 2012.
Los ministros declararon constitucional el plazo de tres años que fijaron los congresos estatales para adecuar sus legislaciones a la reforma federal y realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que marcan los cambios a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.
Estas adecuaciones consisten, ente otras, en "la creación de instituciones y centros especializados para el tratamiento y prevención de la farmacodependencia, la formulación de programas y campañas para el mismo fin", explicó el ministro Guillermo Ortiz.
REFORMAS IMPUGNADAS La PGR impugnó las reformas al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Estatal de Salud, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos del estado de Jalisco, así como el Código Penal de Campeche.
Asimismo, la Ley de Salud; la Ley para la Prevención de Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción; el Código de Procedimientos Penales; la Ley de Ejecución de Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chihuahua; el Código de Procedimientos Penales, y la Ley de la Defensoría Pública de Quintana Roo.
La reforma federal despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de droga.
Por unanimidad, los ministros invalidaron las modificaciones al Código Penal de Campeche, que incluyen una tipificación del delito de narcomenudeo y sanciones que incluso presentan diferencias con la reforma federal, por considerar que la Legislatura local rebasó sus facultades.
