Los magistrados analizarán el fallo de una corte federal de apelaciones que bloqueó varias disposiciones estrictas de la ley.
La Suprema Corte de Estados Unidos anunció que este lunes que aceptará y se pronunciará durante el actual período de sesiones sobre la controvertida ley antinmigrante de Arizona SB 1070, en una decisión de alcance que intenta zanjar la disputa entre el gobierno de Barack Obama y la gobernadora de ese estado fronterizo, Jan Brewer, quien se ha colocado al frente de un pelotón de gobiernos estatales empeñados en regular la inmigración indocumentada mediante leyes que han generado un ambiente de persecución.
La decisión del Tribunal Supremo norteamericano supone una primera victoria para Brewer tras los reveses sufridos ante la corte novena de apelaciones de San Francisco que, apenas el pasado mes de abril, ratificó la suspensión parcial de la polémica ley SB 1070 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona.
En la disputa judicial que mantiene el gobierno de Arizona contra el gobierno de Barack Obama, los defensores de la SB 1070 argumentan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar a la inmigración ilegal y que los estados fronterizos sufren las consecuencias de forma desproporcionada.
A su vez, el Departamento de Justicia considera que la regulación de la inmigración es trabajo del gobierno federal, según la letra de la Constitución.
La polémica ley SB 1070 fue proclamada por Jan Brewer a fines de abril del 2010, en medio de una intensa movilización de grupos defensores de los derechos civiles que advirtieron contra el rechazo nacional e internacional de una ley que nació para apuntalar las aspiraciones de Brewer a la reelección y para impulsar un nuevo modelo de negocio empresarial que contempla la construcción de más cárceles para inmigrantes indocumentados en ese estado.
Tras promulgar la ley, el Gobierno federal no tuvo más remedio que interponer un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la Constitución le otorga autoridad exclusiva en materia inmigratoria.
Tras la promulgación de la SB 1070 en Arizona, leyes similares fueron aprobadas en Alabama, Carolina del Sur y Utah para enfrentarse también a las demandas judiciales entabladas por la administración Obama.
Adicionalmente, organizaciones particulares y gobiernos como el de México se han sumado a estas demandas bajo la figura de "amigo de la corte" o han presentado recursos contra medidas de inmigración adoptadas por los gobiernos de Georgia e Indiana.
En su petición al Tribunal Supremo, que acepte y revise el caso de la SB 1070, Arizona subraya la opinión del gobierno federal de que los estados "no tienen poder para usar sus propios recursos a fin de cumplir con los estándares federales de inmigración sin la expresa aprobación del ejecutivo, lo que afecta la base de nuestro sistema de nación con soberanía doble y federalismo cooperativo".
La jueza Elena Kagan estará ausente de la revisión de este caso, ya que por decisión propia decidió recursarse en este caso por su cargo previo en el gobierno como fiscal general. Esta circunstancia podría jugar en contra de los intereses de la Casa Blanca, considerando que en el estrado estarán tres jueces considerados de un ala más liberal frente a cinco del ala conservadora.
