La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión del decreto presidencial que adelanta la transición de la televisión analógica a la digital para 2015, al desechar, por mayoría de votos, cuatro recursos de reclamación promovidos contra la medida cautelar.
Los cuatro recursos fueron presentados por el Ejecutivo federal y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para impugnar el acuerdo de suspensión que dictó la ministra Olga Sánchez el 20 de octubre de 2010.
La medida cautelar se otorgó dentro de las controversias constitucionales que promovieron las cámaras de Diputados y de Senadores contra la expedición del decreto por el Ejecutivo, con el argumento de que, al emitirlo, invadió atribuciones de la Cofetel.
Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la SCJN rechazó los argumentos del Ejecutivo federal en el sentido de que el decreto -publicado el 2 de septiembre de 2010- es una norma general sobre la que no puede recaer un acuerdo de suspensión.
Los ministros Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo y Olga Sánchez Cordero reiteraron que el citado decreto no fue emitido en el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, pues no detalla el contenido de una ley y tampoco existe una cláusula habilitadora que le permita expedir normas de carácter general.
Los ministros Guillermo Ortiz y José Ramón Cossío votaron en contra del proyecto presentado por Zaldívar.
El presidente Felipe Calderón anunció el adelanto de la transición de la televisión analógica a la digital durante su cuarto Informe de Gobierno. El mandatario explicó que el proceso se desarrollaría de 2011 al 2015.
También anunció apoyos económicos para que la población pueda adquirir receptores digitales, que transformarán la señal actual en digital. Mediante el decreto impugnado, el mandatario creó la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital.
La creación de este organismo, integrado por los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación, y por el titular de la Cofetel, fue el principal detonador del conflicto con el Congreso, que consideró que estas disposiciones son atribuciones de la Cofetel.
