"Sin certeza jurídica No hay inversión."
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NSENADA, B.C.- El trabajo de algunos políticos en contra de la inversión y el empleo nunca termina. Enrique Pelayo, un priista de la vieja escuela con aspiraciones a ser un nuevo Hugo Chávez, asumió el poder como presidente municipal de Ensenada el 30 de noviembre de 2010. Este viernes 12 de febrero ordenó el cierre de la planta regasificadora de Energía Costa Azul de Ensenada. Para apoyar su instrucción envió a un centenar de policías municipales a clausurar la instalación.
La planta de Costa Azul, producto de una inversión de más de 1,200 millones de dólares de la empresa Sempra de San Diego, Estados Unidos, ha venido operando desde 2008. El gas que procesa es utilizado en parte en México para la generación de electricidad mientras que otra parte se exporta a Estados Unidos.
Costa Azul cuenta con todos los permisos que señala la ley. Opera en una zona al norte del puerto de Ensenada en la que también hay instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de Zeta Gas. La abierta ilegalidad de la medida del Municipio obligó a las autoridades estatales y federales a intervenir. Un contingente de la Policía Federal fue enviado el mismo viernes 12 a conminar a los policías municipales a permitir la reapertura de la instalación. Afortunadamente los municipales se retiraron sin enfrentarse a los federales. Sin embargo, se inicia una batalla legal en la que el alcalde de Ensenada hará todo lo posible por cerrar la planta sin importar las consecuencias en la inversión o el empleo.
Apenas el 9 de febrero la Coparmex protestó contra lo que consideró "una campaña de desprestigio y linchamiento... orquestada y dirigida por políticos" en contra de Costa Azul. Señalaba que el desarrollo económico de Baja California "requiere seguridad jurídica para las inversiones de la pequeña, mediana y gran empresa, especialmente cuando dichas inversiones resultan estratégicas para la competitividad regional".
Baja California y el norponiente del país ven limitado su potencial industrial por falta de combustibles. La planta de Ensenada busca resolver esta carencia importando gas licuado de Asia el cual se regasifica y distribuye. La empresa, como lo señala la Coparmex, "ha cumplido con los más altos requerimientos de seguridad y sustentabilidad ambiental". La inversión de 1,200 millones de dólares se realizó después de que Sempra consiguió todas las autorizaciones municipales, estatales y federales tras un largo y costoso proceso. No se habría hecho, sin embargo, de haberse sabido que las reglas del juego las podía cambiar a discreción un nuevo presidente municipal.
Baja California está atravesando por un momento muy difícil. La crisis en California ha reducido de manera muy importante la inversión productiva y la actividad económica. La violencia ha golpeado severamente a los bajacalifornianos. Medidas del Gobierno Federal --como el Siave, que busca inspeccionar los vehículos que ingresan desde Estados Unidos provocando largas filas en la frontera, y un control de dólares en efectivo-- han golpeado severamente el ingreso de turistas y divisas.
Mandar el mensaje de que, además, no es suficiente para una empresa cumplir con todos los requisitos de ley para realizar una actividad, sino que ésta debe someterse a la discreción de cualquier cacique local, contribuirá a seguir deprimiendo la actividad del estado.
El priista Pelayo llegó al poder en Ensenada tras una elección en 2010 en que los bajacalifornianos protestaron con su voto contra el gobierno del PAN. Pero el presidente municipal ha interpretado el resultado como un mandato para violar la ley y empobrecer a sus gobernados.
LEVAR ANCLAS
Me cuenta un bajacaliforniano: "Cuando el presidente Calderón declaró la guerra al narco, como capitán que soy del barco de mi familia decidí que no la quería en medio de una guerra. Así que levanté anclas y me fui a vivir a San Diego." Miles de familias en el norte del país han tomado la misma decisión.
