Desde hace cinco años, la agenda pública nacional está dominada por un solo tema: la seguridad pública. Los discursos políticos de candidatos y gobernantes se llenan de promesas para acabar con la violencia que asuela a casi todo el país, mientras que los titulares de los noticiarios de radio y televisión y los encabezados principales de los periódicos construyen la crónica diaria de una tragedia colectiva. La mayoría de la sociedad, en estados como Coahuila, en regiones como La Laguna, vive con el temor que provoca la creciente probabilidad de ser víctima de la delincuencia... una y otra vez.
Dentro de los argumentos que los gobiernos utilizan para demostrar a la ciudadanía su "voluntad y firmeza" para hacer frente al problema, está la cifra de los recursos que año con año se invierten para mejorar el equipamiento y desempeño de las corporaciones policiacas. No obstante, con un sencillo ejercicio de análisis de los montos presupuestados en los últimos cinco años y del índice delictivo del mismo periodo, es posible percatarse que por más dinero que se disponga para combatir al crimen, esto no representa garantía alguna de que el nivel de inseguridad pública disminuya. Incluso, como a continuación veremos, en México, en general, y en Coahuila, en particular, ha ocurrido lo contrario.
El monto destinado a seguridad y justicia por el Gobierno Federal, que preside el panista Felipe Calderón, en 2010 fue más del doble que el ejercido en 2006, de acuerdo con los datos extraídos de los presupuestos de egresos de la Federación de esos años.
En Coahuila, el Gobierno del Estado, hasta hace poco encabezado por el priista Humberto Moreira, a quien hoy sustituye Jorge Torres, invirtió el año pasado 32.7 por ciento más en el programa de procuración de justicia y seguridad pública que lo que aplicó hace cinco años, según las cifras de los presupuestos de egresos de la entidad. Dicho de otra forma, el gasto de seguridad y justicia per cápita a nivel federal pasó de 182.3 pesos en 2006 a 393.6 en 2010; mientras que en Coahuila el gasto por habitante pasó de 357.2 pesos a 423.6.
Pese a este incremento sustancial de la inversión para el combate a la delincuencia, los gobiernos no han logrado detener la escalada de delitos. De acuerdo con la información disponible en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cifra anual de homicidios dolosos en el país se incrementó de 2006 a 2010 un 67 por ciento; mientras que la de robos denunciados creció 32.4 por ciento. En el mismo lapso, el número de secuestros atendidos al año por el ministerio público se duplicó al pasar de 595 en 2006 a mil 216 el año pasado.
Una tendencia ascendente más marcada se registra en Coahuila, en donde, concediendo que las cifras reportadas por el Ejecutivo Estatal al SNSP sean las reales, el número de homicidios dolosos cometidos al año se ha triplicado en el último quinquenio, mientras que el de robos denunciados se ha duplicado. En cuanto a los secuestros, en 2006 se denunciaron sólo dos casos; el año pasado fueron 84. Respecto a este último dato, si se considera que, como advierte la organización México Unido contra la Delincuencia, sólo uno de cada diez plagios se denuncia, la cifra estatal de casos de privación de la libertad se dispararía a 840 en 2010.
Al revisar todas estas preocupantes estadísticas, la pregunta es obligada: ¿qué están haciendo las autoridades federales y estatales con los recursos que dicen destinar a la seguridad? Porque por ningún lado se ve el resultado de una inversión federal acumulada en los últimos cinco años de más de 160 mil millones de pesos, ni el de los más de 5 mil 230 millones que el Gobierno del Estado de Coahuila ha gastado de 2006 a 2010 en el programa de procuración de justicia y seguridad pública.
La respuesta quizá la encontremos en la falta de visión de los gobiernos para hacer frente al enorme problema y la ausencia de estrategias coherentes e integrales que vayan más allá del intento de contener los efectos de un fenómeno mucho mayor que sigue extendiéndose a largo y ancho de la República: la descomposición social. Si a lo anterior sumamos el alto grado de corrupción e ineficiencia que prevalece en las instituciones policiacas, podremos tener entonces una explicación multifactorial de por qué, en materia de seguridad y justicia, nuestro dinero prácticamente se está yendo a la basura. Amarga y triste realidad.
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