La Secretaría de la Función Pública (SFP) registró entre septiembre de 2010 y julio de 2011, mil 181 quejas y denuncias por presuntos actos irregulares de servidores adscritos a su nómina. Esa cifra es mayor en comparación con las 735 que se recibieron en el mismo periodo de 2009-2010.
De acuerdo con su más reciente informe de labores, la dependencia inició en ese período 42 procedimientos de responsabilidad administrativa, más 32 que se encontraban en trámite, 51 por ciento de los cuales no ha sido desahogado.
Además, la SFP resolvió 936 quejas y denuncias, cifra que representa 79 por ciento de los expedientes.
De septiembre de 2010 a julio de 2011, la contraloría interna practicó 37 auditorías y dos revisiones de control en cuatro unidades administrativas de la SFP y en 22 órganos internos de control, en materia financiera, operativa, administrativa, de control y de legalidad.
Asimismo, determinó 173 observaciones, que se sumaron a 88 que estaban en proceso.
La contraloría interna determinó siete recomendaciones --Regulación Base Cero Administrativa de la SFP y del Indaabin-- para contribuir a la adopción de los Manuales Administrativos de Aplicación General y contribuir a la desregulación administrativa, además de que se propusieron tres iniciativas para la mejora de gestión para el período 2011-2012.
La propia dependencia reconoce en el informe que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal, se advierte que los mecanismos e instancias de control no están orientados a detectar específicamente prácticas de corrupción, sino que se abocan primordialmente a verificar el cumplimiento estricto de la legalidad, lo que resulta insuficiente.
"La corrupción y la ineficiencia de las instituciones lesionan la credibilidad y la confianza ciudadana en el Gobierno, generan importantes costos tanto a las instituciones como a los ciudadanos en lo particular, e inhiben en lo general del desarrollo del País", indica.
Asimismo, señala que para abatir los índices de corrupción y generalizar el apego a la legalidad en el ejercicio del servicio público, la Secretaría busca ampliar sus estrategias para detectar y sancionar las prácticas de corrupción a través de una nueva relación del Gobierno con la ciudadanía, la aplicación irrestricta de la ley y la plena vigencia de los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
El informe no detalla los casos de servidores públicos de la dependencia denunciados, sino únicamente los resultados detectados en otras dependencias y entidades.
Por otra parte, las sanciones totales impuestas a servidores públicos de toda la administración pública, como resultado de las auditorías, apenas representan 15.5 por ciento.
Además, las sanciones administrativas referentes con las quejas o denuncias de los ciudadanos, registraron una caída en términos porcentuales, debido a que en 2007 llegaban a 54.7 por ciento del total de servidores públicos castigados, mientras que en 2010 se ubicaban en 34.4 por ciento.
