Ante el crecimiento de la inseguridad en el país la respuesta oficial es la militarización de las policías, particularmente los mandos superiores. Por lo pronto, tres de los estados con mayor incremento en los índices de criminalidad: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas han designado como responsables de la seguridad a generales retirados, pero el asunto no para allí, pues la medida se extiende al ámbito municipal y, en el caso de Nuevo León, incluye el arribo de 300 militares que se incorporarán a la Policía Estatal.
La tendencia no empezó ahora, de hecho en el caso de Nuevo León en octubre de 2003 el entonces gobernador Natividad González Parás, designó al General José Domingo Ramírez Garrido Abreu como primer titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, donde estuvo hasta el mes de abril de 2006. Casi cuatro años después un militar retoma el mando con la promesa de "redoblar los esfuerzos para ganar esta batalla".
En el caso de Tamaulipas durante el cambio de los gobiernos estatal y municipal se acentuó la tendencia y en el presente año 9 militares asumieron la seguridad en otros tantos municipios, entre ellos el general Manuel Farfán Carreola, titular de la dependencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue asesinado el pasado miércoles 2 de febrero, junto a cuatro escoltas y su secretario particular.
Farfán fue el tercer general a cargo de una dependencia de seguridad municipal asesinado durante el actual gobierno federal, los anteriores fueron el General de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, quien todavía no asumía el cargo en el municipio de Cancún, Quintana Roo, el 3 de febrero de 2009; y unos meses después, el General Brigadier Juan Arturo Esparza García, también recién designado titular de seguridad en el municipio de García, Nuevo León, el 4 de noviembre de 2009.
El mismo día (jueves 3 de febrero) que se daba a conocer la designación del General Jaime Castañeda Bravo, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señalaba que, revisando casos únicamente de 2010, su organización documentó 8 asesinatos y una decena de desapariciones forzadas de inocentes en Nuevo León en el que estaban implicados militares y policías.
Para ilustrar sus dichos, el documento que difundió la organización defensora de los derechos humanos, desarrolla brevemente dos casos de asesinatos y dos de desapariciones forzadas. Entre los homicidios el de una pareja (Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años) que el 3 de marzo del año pasado "fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac", tras de que dos hombres armados intentaron robarles el vehículo en el que se desplazaban; de acuerdo a los dichos de testigos presenciales de los hechos, al terminar el enfrentamiento entre militares y los delincuentes, "Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les disparó. Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado."
De la misma forma desarrolla los otros tres casos, con los que ejemplifica las evidentes violaciones a los derechos humanos de personas inocentes por parte de militares y policías, sin que hasta el momento ningún miembro de las mismas haya sido sancionado por ello.
El asunto se vuelve más preocupante porque el recién nombrado responsable de seguridad en dicha entidad, era el comandante de la 44/a Zona Militar, con sede en Miahutal de Porfirio Díaz, Oaxaca, cuando elementos del ejército adscritos a dicha zona asesinaron a mansalva a dos indígenas zapotecos e hirieron de gravedad a un tercero. De acuerdo a la denuncia de las organizaciones de derechos humanos de esa entidad, el 5 de agosto de 2008, 120 campesinos que se encontraban limpiando su milpa fueron rodeados y sorprendidos por elementos del ejército mexicano, quienes lanzando disparos al aire les ordenaron no moverse y se identificaron como miembros del ejército, los que se encontraban más alejados únicamente escucharon los disparos y se echaron a correr, por lo que los soldados abrieron fuego en su contra. Así que sus antecedentes no son precisamente los mejores.
Como tampoco lo son, aunque por otras razones, los del General de división Julián David Rivera Betrón, Director de la Policía Única de Chihuahua, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, de marzo de 2008 a abril de 2010, precisamente en el período en el que se desbocó la violencia en dicha ciudad, es decir, no tan sólo no pudo resolver el problema en Juárez, sino que la inseguridad creció palmariamente y ahora lo hacen responsable de la seguridad de todo el estado.
Hasta hoy, las evidencias muestran que la presencia de militares en el combate a la inseguridad no ha logrado disminuir los índices de criminalidad y sí ha aumentado la violación de derechos humanos en contra de personas inocentes. Es cierto, sin embargo, que las encuestas de opinión pública muestran que la institución en la que más confía la ciudadanía es el ejército mexicano, quizá por eso se recurre a ellos como opción para tratar de recuperar la seguridad perdida.
