México parece traer los santos de cabeza a decir de los más recientes sucesos.
El asesinato de un agente norteamericano de Aduanas e Inmigración, ocurrido en San Luis Potosí, se sumó esta semana al escándalo internacional del caso Florence Cassez y al jaloneo nacional por el cese de la periodista Carmen Aristegui.
Para colmo la magra noticia del agente Jaime Zapata surge unas horas antes de la reunión del gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, que evidentemente fue opacada por el trágico tiroteo en contra de los dos funcionarios del ICE, quienes viajaban en una camioneta al parecer blindada y con placas diplomáticas con dirección a la ciudad de Monterrey.
Los hechos no están todavía muy claros, de ahí que ha surgido una infinidad de interrogantes y sospechas. En primer lugar, ¿por qué viajaban los agentes tan desprotegidos por regiones dominadas por el crimen organizado, concretamente por el cártel del Golfo y los Zetas?
¿Fue un atentado planeado o les tocó a los funcionarios norteamericanos estar en el lugar equivocado a la hora equivocada cuando atravesaban el estado de San Luis Potosí?
Al momento de escribir estas líneas el Gobierno estadounidense por voz de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, condenó el hecho y urgió a las autoridades mexicanas a encontrar a los culpables. Curiosamente mantuvo la mesura y no lanzó amenazas ni represalias.
Pero por la presión norteamericana podemos esperar que en cuestión de horas sean arrestados los autores del homicidio y conozcamos los detalles del mismo en contraparte con los miles de crímenes registrados en territorio mexicano de los que nunca sabremos de sus autores. ¿Alguna autoridad investiga el caso impune del candidato tamaulipeco Rodolfo Torre Cantú?
El atentado contra Zapata y su compañero nos hizo recordar, casi de inmediato, la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, quien fue secuestrado en Guadalajara en febrero de 1985 y posteriormente asesinado por órdenes del capo Rafael Caro Quintero, quien todavía purga su sentencia.
El Gobierno del entonces presidente Ronald Reagan impuso una serie de medidas de presión contra México que incluyeron el estrangulamiento de los cruces fronterizos. Cada vehículo al cruzar a Estados Unidos se inspeccionaba con una exagerada minuciosidad, lo que provocó demoras en la línea de hasta seis horas.
Un mes después de la tortura y crimen de Camarena y su piloto Alfredo Zavala, ambos cuerpos fueron encontrados en un rancho de Michoacán. Más tarde se confirmaría que se trató de una venganza de Caro Quintero y que para lograr sus propósitos utilizó a varios agentes de la Policía Judicial Federal, incluyendo al entonces comandante Armando Pavón Reyes de triste memoria y vastos nexos con el crimen organizado.
En esta ocasión los hechos ocurrieron abiertamente y podría pensarse que será más fácil dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio. No obstante ya veremos si no surgen en las investigaciones evidencias de autoridades policiacas o militares implicadas en el crimen, lo que podría provocar un mayor deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y México.
Con todo y los excesos del presidente francés Nicolás Sarkozy y los que posiblemente vendrán de la autoridad yanqui, vale reconocer la determinación de Francia y Estados Unidos a la hora de defender a sus compatriotas y exigir la aplicación de las leyes.
En la zona fronteriza mueren cada año cientos de inmigrantes, muchos de ellos de mano de agentes federales norteamericanos, pero lamentablemente poco o nada hace el Gobierno mexicano por defender a sus connacionales.
¿Ha escuchado usted que el presidente Felipe Calderón o sus colaboradores exijan en algún momento un castigo para quienes asesinaron a golpes y descargas eléctricas a Anastasio Hernández en San Ysidro o al joven Sergio Adrián Hernández, acribillado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Ciudad Juárez?
Por cierto, ¿hasta cuándo acabará la mala racha para México? ¿En el 2012 ó el 2018?
