E N todo el mundo las luchas electorales condicionan las decisiones políticas importantes y meten en problemas a los gobernantes, que batallan para sacar adelante sus propuestas e implementar sus decisiones; y a la ciudadanía, que padece las consecuencias, en ocasiones, sin tener vías para incidir en las soluciones. Esta realidad azota a todos los países del mundo y no hay sistema electoral o de gobierno que logre evitarlo, aunque las previsiones institucionales sí permiten mitigarlo o sobrellevarlo de manera distinta.
El pasado viernes la crisis económica colocó a dos países con grandes diferencias en situaciones extraordinarias. Uno, el país más poderoso del mundo: Estados Unidos, donde la pugna entre republicanos y demócratas o, quizá más bien, entre republicanos y la su facción radical, el llamado Tea Party entrampa la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar declarar la moratoria de la deuda el próximo martes 2 de agosto. El otro, España, donde la crisis económica hundió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y lo obligó a convocar a elecciones generales anticipadas, tal como lo demandaba el Partido Popular.
Ubicaciones geográficas distintas; condiciones políticas, económicas y sociales, también muy diferentes; historias incomparables; sistemas electorales y de gobierno, diversos; y así se pudiera seguir identificando diferencias y, sin embargo, en ambos casos el factor electoral está muy presente en sus crisis.
En el caso norteamericano, detrás de las discusiones sobre el techo de endeudamiento se coloca la decisión de los republicanos de impedir la aplicación de las reformas al sistema de salud que logró (en un momento en el que contaba con mayor respaldo en el Congreso) el gobierno demócrata de Barack Obama; en el caso, de España, la decisión de los dirigentes del Partido Popular y, particularmente, de Mariano Rajoy, de aprovechar el momento electoral que vivieron el pasado 22 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, donde le arrebataron algunos de los bastiones al Partido Socialista Obrero Español (como Barcelona) y lograron superarlo por más de 10 puntos porcentuales en las preferencias electorales globales.
En Estados Unidos, la propuesta republicana aprobada por 8 votos de diferencia en la Cámara de Representantes y rechazada por 18 votos de diferencia en el Senado, pretendía reabrir el debate en el Congreso en fechas cruciales para la elección presidencial de noviembre de 2012. En España, finalmente Rodríguez Zapatero cedió a la presión, iniciada y encabezada por el PP, pero secundada por destacados miembros del PSOE (empezando por su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba), empresarios y medios de comunicación, que de acuerdo a lo señalado por el diario español El País: "creían que su proyecto estaba agotado y que era mejor dar paso a un nuevo Ejecutivo que aclare incertidumbres".
En este escenario vale la pena revisar lo que sucede en Bélgica, país también con sus significativas particularidades, pero que en estos momentos tiene 13 meses y medio sin lograr formar gobierno, una situación inédita en la historia contemporánea mundial. En abril de 2010 el gobierno belga se vio obligado a dimitir, lo que condujo a la celebración de elecciones el 13 de junio de ese mismo año. Desde ese día no ha sido posible lograr los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para conformar un nuevo ejecutivo; así sigue en funciones el Primer Ministro saliente, Yves Leterme, el mismo que renunció en abril del año pasado.
Al cumplir el año sin gobierno, la BBC difundió un texto donde se señala: "En los 12 meses transcurridos desde los comicios belgas del 13 de junio de 2010, el gabinete que se encarga de los asuntos administrativos del país logró ciertos objetivos difíciles para muchos gobiernos en el mundo". Estos objetivos fueron, siempre de acuerdo a la BBC: "vio crecer su economía, redujo su proyección de déficit fiscal, ejerció la presidencia semestral de la Unión Europea (UE) y envió aviones de guerra a un país en conflicto: Libia".
Esto llevó a Caroline Van Wynsberghe, profesora de Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, a declarar a la BBC: "Vemos que funciona, es tranquilizador, es un signo de que el sistema es estable a pesar de todo". Y a David Sinardet, de la Universidad de Amberes, a señalar con ironía: "Tenemos una nueva forma de gobierno, una nueva forma de democracia, probándole al mundo que esta idea loca de que se necesita un gobierno pleno con funciones plenas puede no ser cierta".
Los tres casos ilustran que los conflictos políticos entrampan a los gobiernos en todo el mundo y a pesar de sus diferencias; pero también que hay reglas institucionales que permiten superar las emergencias: en el caso español, el adelantar elecciones y evitar prolongar innecesariamente la parálisis y la incertidumbre; en el caso belga, que es posible seguir funcionando aceptablemente, incluso sin el respaldo de una fuerza política (o coalición de fuerzas políticas) mayoritaria; y, en el norteamericano, todavía está por verse si los incentivos institucionales son suficientes para lograr aprobar una alternativa que libre a Estados Unidos (y al mundo) de una brutal recaída.
Sin magnificar los impactos de los arreglos institucionales, lo cierto es que éstos son particularmente importantes en momentos de crisis; cuando la voluntad política no es suficiente o es incluso inexistente, son las instituciones las que permiten salvar las emergencias. El mayor problema es cuando las instituciones tampoco existen, pues se carece de alternativas transitables y eso es precisamente lo que ha sucedido en México: no hemos construido las instituciones que permitan enfrentar y superar las crisis, tomando en cuenta las nuevas realidades.
