Integrantes del grupo de mexicanos que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en el sexenio de Felipe Calderón, calificaron la respuesta del Gobierno Federal como un grave error y un intento de intimidación hacia la ciudadanía.
"Es un error muy profundo, algo gravísimo porque el Gobierno está poniendo en tela de duda el derecho fundamental de acceso a la justicia de los ciudadanos mexicanos, en este caso a los tribunales internacionales. Ese derecho no está sujeto a la voluntad de un gobernante en particular. El Gobierno de Calderón no sólo esta sancionando nuestro derecho, sino también nuestra libertad de expresión", dijo en Madrid el abogado Netzaí Sandoval que encabeza al colectivo de más de 23 mil mexicanos que presentó la denuncia ante la CPI.
"Ningún vocero del Gobierno reconoce en el comunicado que las Fuerzas Armadas han incurrido en lo que llaman excesos. Nosotros hemos documentado todos los casos en que soldados del Ejército mexicano han practicado torturas, secuestros de migrantes, desapariciones y violaciones sexuales en contra de mujeres y niñas", agregó.
El jurista estimó además que después de esta medida el Gobierno Federal se quedará solo, porque es indiscutible el derecho que tienen 23 mil ciudadanos de acudir a un tribunal internacional.
"Nadie puede negar que en México se cometen crímenes y se violan los derechos humanos. No estamos planteando que Calderón lo haya ordenado, pero es uno de los máximos responsables, porque no toma la decisión de sancionar a esos soldados que torturan sistemáticamente", aseguró el abogado tras precisar que lo que está en discusión es si la crisis humanitaria que vive México amerita la intervención de la CPI.
"Tan sólo en 2010 se cometieron más de 400 decapitaciones de personas por parte de los cárteles de la droga, que están tipificadas en México como un homicidio más. Esta defensa que se está haciendo para que el fiscal del TPI no intervenga, ¿también quiere decir que el Gobierno Federal mantiene que los cárteles de la droga no cometen crímenes de lesa humanidad?", preguntó Sandoval.
Ayer, la Presidencia de la República rechazó las imputaciones que el grupo civil presentó ante el CPI el pasado viernes y advirtió que podría proceder legalmente en su contra. Además señaló que todos los que se opusieran y criticaran de forma infundada la lucha contra el narcotráfico estaban cometiendo un delito. Esto ha sido criticado por los partidos políticos.
