Antes de que la sociedad se reponga de los estragos que dejan los hechos delictivos, los medios masivos de comunicación reportan la existencia de otro más cruel, atroz y numeroso que el anterior. Pero ante la escalada de violencia, siempre se escuchan las mismas respuestas de las autoridades: repartir culpas entre predecesores y otras instancias de autoridad; asegurar que con la coordinación de las tres instancias de Gobierno (Federación, Estado y Municipio), ahora sí, se instaurará el Estado de Derecho; negar que sean territorios controlados por la delincuencia organizada; y rechazar la declaratoria de un estado de emergencia.
Exactamente la misma secuencia y las mismas respuestas; pero lamentablemente cada vez ante hechos más graves y espeluznantes. Particularmente esto es cierto para lo que sucede en Tamaulipas, donde no parece haber límite alguno a la actividad delictiva de los cárteles del narcotráfico. Bajo ninguna circunstancia se puede obviar lo que sucede en otras entidades, pero, al menos en los últimos meses, es en Tamaulipas donde se han descubierto las peores atrocidades.
Sin pretender ser exhaustivo, en los últimos once meses la delincuencia organizada asesinó al candidato panista a alcalde de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela; al candidato priista a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú; a 72 migrantes centroamericanos; y, en los últimos nueve días, se descubrieron -hasta el viernes 15 de abril- 145 cuerpos de personas que previamente habían sido bajados de autobuses de pasajeros a su paso por el municipio de San Fernando.
Ante el primer hecho, el entonces líder nacional del PAN, César Nava, señaló al acudir a su velorio: "también venimos a reiterar nuestro compromiso de dar la cara, de hacer campaña y no abandonar ni dejar que el miedo reine en Tamaulipas". Ante el segundo, la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, también en el velorio: "...en medio de la desgracia, cumpliremos con nuestro deber el día de los comicios. Lo hacemos con el convencimiento de que la participación electoral es la respuesta más firme a quienes pretenden sabotearlos y el mejor homenaje a los caídos".
En noviembre del año pasado, el entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, señalaba: "no hay Estado Fallido, lo que hay son circunstancias difíciles que habremos de enfrentar con coordinación entre los tres órdenes de Gobierno". Y el entonces gobernador saliente, Eugenio Hernández: "Es un tema que es coyuntural, que es pasajero, y con ayuda del Ejército Mexicano, de la Marina, nuestro país, y de la Policía Federal, vamos a salir adelante".
Apenas el jueves 14 de abril, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Jaime Canseco Gómez, de acuerdo a una información publicada por el diario regiomontano El Norte, en su edición del viernes 15, culpó al anterior Gobierno Estatal y al actual Federal de negligencia por no haber actuado ante las evidencias del incremento en la criminalidad en la zona de San Fernando. Y denunció: "Si en agosto del año pasado se producen hechos que horrorizan a la sociedad tamaulipeca, evidentemente el operativo San Fernando constituía una deuda con la sociedad tamaulipeca hace mucho tiempo".
Y, en entrevista con Carmen Aristegui, el viernes 15, declaró: "no se trata de alentar situaciones de excepción ahora que el horror regresó con el descubrimiento de estos delitos tan atroces. Lo que se necesita es una colaboración auténtica entre los tres niveles de Gobierno, para que se fortalezca la seguridad pública".
El sentido de las declaraciones es el mismo; las palabras son casi idénticas, al igual que las propuestas de solución; mientras la criminalidad continúa a la alza y la displicencia y negligencia de la autoridad es cada día más evidente.
De acuerdo a información publicada en el citado diario, el sábado 16 de abril, desde septiembre de 2009 el Gobierno de Guanajuato denunció ante la Procuraduría de Tamaulipas que seis guanajuatenses que pretendían cruzar a Estados Unidos habían desparecido a su paso por San Fernando. El procurador de Querétaro, Arsenio Durán Becerra, declaró que desde abril del 2010, denunciaron la desaparición de 46 personas; y el de San Luis Potosí, señala lo mismo. Así no tan sólo había indicios, había denuncias formales y respaldadas por las autoridades de otros estados; pero ninguna autoridad hizo nada, en los momentos en que se encontraron los primeros cadáveres (6 de abril) el actual Gobierno Estatal ya tenía más de tres meses en funciones.
El 16 de mayo del 2010, tras el asesinato del candidato panista a alcalde de Valle Hermoso, señalé en este espacio: "Hay que reconocerlo con toda crudeza en Tamaulipas no existen las condiciones para la celebración de elecciones, por lo tanto, hay que suspenderlas, declarar -de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 constitucional- la suspensión de las garantías constitucionales y restablecer "la paz pública" e instaurar el estado de derecho, para poder convocar a elecciones".
Después de esto el crimen organizado mató al candidato tricolor a gobernador; a 72 migrantes centroamericanos; y a 145 personas, por señalar únicamente los hechos más conocidos e impactantes; y las autoridades estatales y federales todavía pretenden desconocer la gravedad de la situación y responder con los mismos discursos. No se ve un límite a la escalada de violencia y lamentablemente el presidente Felipe Calderón, a cuatro años y medio de haber iniciado su mandato, todavía no se da cuenta que el Gobierno es el responsable de garantizar la seguridad de los mexicanos y que él es el responsable del Gobierno Federal, precisamente por eso el "Ya basta" se le dirige a él.