Desaparecerá. La Secretaría de Desarrollo General de La Laguna será una de las dependencias que desaparezcan.
Los diputados locales aprobaron por unanimidad la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Coahuila en donde se contempla la desaparición de la Secretaría de Desarrollo General de La Laguna.
Entre los cambios que destacaron durante la sesión fue el incremento de secretarías en el Estado el cual se eleva a 16, con la aparición y reaparición de la secretaría de Fianzas; de Seguridad Pública; de Cultura; Desarrollo Económico; Desarrollo Rural; Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; Infraestructura, de Trabajo; Procuraduría General de Justicia del Estado; y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Por otra parte en la nueva Ley Orgánica de Administración del Estado ya no aparece la Secretaría de Desarrollo General de La Laguna, Fomento Económico, Fomento Agropecuario, Tesorería General, Función Pública, Fiscalía General del Estado, Obras Públicas y Transporte.
Asimismo aparece la figura de Jefe de la Oficina del Gobernador y Consejería Jurídica, que encabezará de David Aguillón Rosales, la cual estará a cargo la oficina del Gobernador, Secretaría Técnica y de planeación, unidad de derechos humanos, comunicación social y administración del Gobierno del Estado.
Durante la lectura del documento se destacó que la Ley tiene el consentimiento de la presente administración y el Gobernador Electo, Rubén Moreira.
Asimismo se dijo que "Será la Secretaría de Finanzas quien asuma la rectoría y dirección de las funciones recaudatorias, administrativas, financieras, de ejecución, organizacionales y de planeación económica y, en su caso, las delegue en las instancias que se integren en su estructura".
Otros cambios fue restablecer el informe de gobierno en persona y ante el Congreso Local, que se deberá realizar durante la primera quincena de noviembre. La iniciativa prevé la asistencia del gobernador a la glosa del informe para analizarla junto con los legisladores. Para la designación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social se aprobó que el funcionario no debiera haber ocupado un cargo de elección popular dentro de los diez años previos a su designación.
