En año electoral, el Presupuesto de Egresos del 2012 da manga ancha a los gobiernos estatales para decidir el destino de recursos federales a obras que no tengan proyectos, definir beneficiarios de apoyos y reasignar recursos donde quieran.
A lo largo del articulado del decreto, el PRI introdujo una serie de modificaciones y adiciones que eliminan controles, flexibilizan normas y permiten a los gobernadores hacer lo que quieran con los recursos federales.
Todo ello mientras el Gobierno federal fue atado de manos en el manejo de subejercicios, la propaganda gubernamental y la exigencia de mayor rigor en informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto.
Si un proyecto de inversión autorizado en el Presupuesto no cuenta con el registro en la unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, se dispuso en el articulado del decreto que los recursos puedan ser reasignados en otros proyectos en las mismas entidades.
"Los recursos destinados a los programas o proyectos de inversión autorizados en el presente decreto en las entidades federativas, podrán reasignarse, preferentemente, en las mismas entidades federativas", precisa el artículo 31 del decreto.
Se impide que el gobierno federal decida unilateralmente la ejecución de programas sociales y se obliga a que se tome en cuenta la opinión de comités de planeación.
"(Estos comités) Decidirán a qué orden de Gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los mismos", se agregó en el artículo 34.
