La denuncia hecha en días pasados, respecto a la riqueza que se atribuye a Vicente Cháirez Yáñez, colaborador del gobernador con licencia y hoy dirigente nacional del PRI Humberto Moreira, ha sido ampliada en otra vertiente de presunto enriquecimiento inexplicable, en contra de Javier Villarreal Hernández, exsecretario de finanzas del gobierno de Moreira y titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila en la actualidad.
De acuerdo a la información, familiares cercanos a Javier Villarreal aparecen como dueños de veintitrés estaciones gasolineras y otras inversiones inmobiliarias realizadas en Texas durante los últimos cuatro años, lo que viene a abonar al escándalo. Al igual que Cháirez, Villarreal es un político que debe su carrera a Moreira y dado el férreo control que ejerce el exmandatario sobre su grupo político, también en este caso la hipótesis del prestanombres cobra fuerza.
A pesar de que la noticia ha sido acogida y difundida en medios nacionales de comunicación, que a su vez han puesto sus espacios a disposición de los imputados en respeto a su derecho de réplica, ninguno de ellos ha dicho esta boca es mía. Se entiende que todo político está expuesto a una difamación y por ello, es importante que cuando se propague una noticia de esta naturaleza el acusado tenga el derecho y la oportunidad de contestar y que en consecuencia, responda y explique o justifique lo que sea pertinente.
En el caso que nos ocupa lejos de dar la cara, Vicente Cháirez fue borrado de la página de Internet que ostenta el directorio del CEN del PRI, en donde aparecía como Coordinador Administrativo y de su paradero nada se sabe. Villarreal simplemente guarda silencio, y por ende, calla y otorga.
Humberto Moreira está obligado a dar la cara, porque en el caso de Cháirez las inversiones cuestionadas fueron hechas durante el tiempo de su gestión por un subalterno suyo, cuyo perfil no corresponde al monto de la riqueza puesta al descubierto. Otro obligado a responder es el candidato Rubén Moreira, tanto por haber sido parte del gobierno de su hermano Humberto y deber a éste su candidatura, como por el hecho de que en su campaña política propone más Moreira es decir, más de lo mismo.
Un obligado a responder por razones institucionales es el actual gobernador Jorge Torres López, quien a estas alturas debería de haber girado instrucciones a la Fiscalía del Estado para investigar ambos casos y sin embargo, tampoco ha dicho esta boca es mía.
El vocero del PRI nacional David Pechyna, ha eludido el fondo del tema señalando que las imputaciones forman parte de una "guerra sucia", y que Vicente Cháirez "ya no es" accionista en las empresas señaladas y por lo que toca al caso específico de Villarreal nada dice.
No es de dudar que en la acusación se mezclen intereses partidistas, pero ello no justifica ni la opacidad con la que se ha conducido y conduce el gobierno de Moreira, ni el desvío de dinero público a bolsillos particulares que se llegara a acreditar. De hecho la transparencia gubernamental y la denuncia pública son ejes imprescindibles del ejercicio democrático sin embargo, el actual Gobierno de Coahuila en forma sistemática incumple la obligación de transparentar su operación, y no ve ni escucha los insistentes reclamos.
Llama la atención que a quien tiene el valor civil de denunciar un acto de corrupción se le señale como autor de una guerra sucia, convirtiendo al denunciante en el malo de la película, relevando al político imputado del deber de dar la cara y haciendo de este último víctima inocente. Esta forma de responder a los señalamientos de corrupción, corresponde a un estilo de gobierno que no tolera la interpelación ni la crítica, lo que dibuja de cuerpo entero al viejo y al nuevo PRI.
En el caso de Coahuila la estrategia está clara. Eludir la comparecencia en los medios nacionales para evitar que la indignación crezca y hacer callar a los medios locales mientras llegan los comicios para elegir gobernador el próximo tres de julio.
Los Moreira apuestan a que la aplanadora electoral alimentada con dinero de origen dudoso haga de Rubén el sucesor de su hermano, y desde esa posición enfrentar el proceso judicial e intentar una negociación cupular que eche tierra al asunto y entre tanto: la política del avestruz.
