La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) admitió su participación en el operativo "Rápido y Furioso", que autorizó la entrada de armas a México que se perdieron y terminaron en manos de cárteles del narcotráfico.
En una carta enviada al comité del Congreso que investiga el operativo, la administradora de la DEA, Michelle Leonhart, reconoció que su agencia participó en la vigilancia, rastreo de números telefónicos e interrogatorios de esta operación.
El reconocimiento de Leonhart reveló que "Rápido y Furioso" era del conocimiento de otras dependencias más allá de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que fue la agencia encargada de aplicarlo durante 2009 y 2010.
Durante casi dos años, con el pretexto de rastrear el flujo de armas a México, la ATF permitió la compra de cientos de armas de alto poder. Pero en el proceso perdieron el rastro de más de mil de ellas, que llegaron a manos del cártel de Sinaloa y La Familia.
Leonhart dijo que agentes de las oficina de la DEA en El Paso y Phoenix estuvieron involucrados.
El jefe de la ATF, Kenneth Melson, dijo que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también participó en la operación.
Sin embargo, los jefes de la DEA y la ATF buscaron evadir la responsabilidad sobre las fallas del operativo.
Leonhart dijo que sus agentes nunca participaron en decisiones sobre las operaciones de "Rápido y Furioso", mientras que Melson aseguró que el FBI y la DEA ocultaron su participación en el operativo y fueron culpables de errores.
Una investigación del Congreso rastreó al menos 124 armas perdidas en el operativo a hechos violentos ocurridos en Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero y Chihuahua.
