El abogado del hermano del alcalde de Monterrey indica que fue inconstitucional la detención y arraigo de su defendido.
Con el fin de demostrar la presunta inconstitucionalidad en la que las autoridades de procuración de Justicia de Nuevo León incurrieron al arraigar a Manuel Jonás Larrazabal, su defensa promovió un amparo para buscar la protección de los tribunales federales.
De acuerdo con Jesús Martínez García, abogado del hermano del alcalde de Monterrey, la solicitud de amparo se realizó al considerar que la Procuraduría estatal incurrió en un acto ilegal y anticonstitucional al detener a Larrazabal cuando éste se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público para aclarar su participación en presuntos actos de extorsión a los accionistas del casino Red.
"Es una demanda de amparo para que el juez de distrito en turno conozca ese juicio constitucional y dentro de ese juicio la autoridad va a aportar las pruebas que tiene en su poder y que tomó en consideración al momento de dictar esta medida precautoria", dijo.
Consideró como un engaño la detención en contra de Jonás, ya que sólo se le retuvo por parte de los elementos ministeriales para dar cumplimiento a una orden de comparecencia y nunca se demostró o se informó sobre una posible orden de arresto o arraigo.
Asimismo, dijo que la próxima semana empezarán a aportar otros elementos de prueba en los que se presentarán ante el juez de distrito algunas pruebas periciales de las fotografías y videos en los que presuntamente el hermano del alcalde recibía 100 mil pesos por parte de los accionistas de la casa de apuestas para que el Ayuntamiento le permitiera siguiera operando de manera irregular.
