La subprocuradora Patricia Bugarín dijo que el MP actuó “en tiempo y forma” para presentar las pruebas en contra del ex alcalde de Tijuana.
La subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín Gutiérrez, expresó la preocupación por la impunidad de delitos de acopio y portación de armas de fuego, por las que el ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, fue liberado, por lo que presentará los agravios correspondientes.
En conferencia de prensa, Bugarín Gutiérrez dijo que “la representación social de la federación expresa su preocupación por lo que se aprecia como una valoración parcial y subjetiva respecto de las pruebas aportadas por el Ministerio Público”.
La funcionaria dijo que “confía en que el Tribunal de Segunda Instancia resolverá con absoluta independencia y claridad respecto del recurso de apelación que ha sido interpuesto”.
Dijo que cuando los detenidos y las armas fueron puestos a disposición de la juez, ésta procedió a calificar de legal la detención. Además, concedió valor probatorio a los videos ofrecidos por la defensa argumentando que los mismos no habían sido editados, “aspecto que el ministerio público objetó y en su momento resaltó, sin embargo, la juez utilizó el término segmentados”.
“La valoración parcial de la juez trae como consecuencia que la existencia de las armas, 78 de ellas que no cuentan con licencia, entre las que se encuentran dos vinculadas al delito de homicidio, así como 49 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en ningún momento fuera valoradas”, acotó.
Ayer, durante la madrugada, la juez noveno de distrito con sede en Baja California, Blanca Evelia Parra, determinó que no hay elementos para procesar al empresario por acopio de armas y ordenó su liberación.
Sin embargo, al salir del penal de El Hongo, en Tecate, Baja California —donde estuvo detenido durante seis días, acusado de acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas— Hank fue detenido por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, acusado de homicidio.
No obstante, el juez primero de lo Penal declaró improcedente el arraigo del ex presidente municipal de Tijuana, lo que le permitió regresar a su residencia donde fue detenido durante la madrugada el pasado 4 de junio.
