En lo que podría representar la continuación de la película "Presunto Culpable", bajo el título, quizá de "El juez ataca de nuevo", hete aquí que los propietarios de la cadena de restaurantes Italianni's tienen un testimonio de que el villano de la cinta recibió un soborno para enviarlos a la cárcel.
El monto colocado presuntamente en la mesa del juez 26 de lo Penal en el Distrito Federal, Héctor Palomares Medina, fue de dos millones de pesos.
El asunto se conoció al recibir los propietarios de los restaurantes Italianni's un correo electrónico remitido por el abogado de la cadena de franquicias Alsea, Guillermo Díaz de Rivera, al principal socio de ésta, Alberto Torrado Martínez, en que le comunica que se le entregaron los recursos al juez que aparece en la polémica cinta.
El abogado, empleado de un bufete de capital estadounidense, dobló las manos ante una denuncia colocada en la mesa por Italianni's que lo ubicaba en la mira de la llamada "Foreing Corruption Practices Act", por la cual, cualquier agente de una firma de los Estados Unidos que realice actos de corrupción fuera del país queda sujeto a las mismas sanciones que se le habrían endilgado en la nación de las barras y las estrellas.
Una copia del correo electrónico fue remitida al propio Torrado por Italianni's.
El caso se contextualiza en el pleito de tres años ya entre la cadena de franquicias y los restaurantes de la familia Cachoua, cuya manzana de la discordia es el incumplimiento por parte de la primera de un contrato de venta pactado el 14 de mayo de 2008. Como recordará usted, la firma que administra marcas como Burger King, Starbucks Coffee, Kitchen Pizza y demás, ha perdido dos rounds en la pelea: Una sentencia de primera instancia y una resolución de un Tribunal Colegiado que le obligan a honrar a la firma de su principal accionista, Alberto Torrado, en un papel.
El caso es que entre las telas de los juicios la franquiciaria número uno de México acusó a su contraparte de fraude procesal en pandilla, según ello por intentar vender las acciones de los 37 restaurantes de comida italiana integrados a la empresa denominada Grupo Amigos de San Ángel, sin haberlas librado de gravámenes.
Los papeles que probaban el asunto, de acuerdo a la denuncia, estaban en poder del banco BBVA-Bancomer, como aval de un crédito no finiquitado.
La querella derivó en una orden de aprehensión expedida por el juez convertido en estrella de cine, contra el principal accionista de la compañía, Víctor Eduardo Cachoua Flores; sus hijos Juan Carlos Cachoua Oropeza y Víctor Eduardo Cachoua Oropeza, además de los socios Gilbert Moncharmont y Guillermo Durand Cercas.
Lo inaudito del caso es que éstos, como manda la Ley, nunca fueron convocados a declarar. La amenaza de cárcel se conoció tras entregárseles a los presuntos una cita de presentación girada por un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación Benito Juárez.
Ésta se expidió el cinco de agosto del año pasado, en tanto la orden de aprehensión girada por el juez Palomares Medina sería obsequiada un día después.
Los acusados solicitaron de inmediato un amparo que, finalmente, el 12 de noviembre del año pasado, les otorgaría el juez undécimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del D.F., Jacinto Figueroa Salmorán.
La resolución fue avalada por la exhibición de los originales de cancelación del endoso de las acciones que se habían dejado en garantía por el préstamo de Bancomer.
El documento está fechado el dos de junio de 2008, es decir 17 días después de haberse firmado el contrato de compra-venta, pero dentro del plazo previsto para hacerlo efectivo.
Italianni's o Grupo Amigos de San Ángel, pues, recuperó las acciones en tiempo y forma, con la novedad de que se trataba del único endoso contra ellas.
El propio banco avaló la liberación del adeudo.
En el camino, los Cachoua y coacusados demostraron que el juez Palomares Medina invadió la esfera de competencia del juzgado quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada en los juicios para validar el contrato de la discordia.
Dicho con todas las letras, el togado, con la complicidad del ministerio público, intentó darle un giro de 180 grados a una resolución en firme que sería avalada por un tribunal de segunda instancia.
El juez fue acusado ante la Fiscalía para Delitos de Servidores Públicos, señalando que el utilizar la figura de "en pandilla" se demuestra la mala fe con que se condujo.
El giro inesperado, empero, coloca al togado de espaldas al callejón.
El escándalo, pues, está al rojo vivo.
BALANCE GENERAL
En afán de colocar de espaldas al PRI, los diputados panistas integrantes de las Comisiones Unidas que analizan su propuesta de reforma laboral avalaron con su firma un proyecto de dictamen, lo que con el voto de algunos legisladores perredistas o de Nueva Alianza les daría mayoría.
La intención es forzar su envío al pleno en la sesión del próximo martes.
La paradoja del caso es que ante la decisión del expartido oficial de enviar a la congeladora su propia iniciativa en espera de una consulta a los sectores interesados que se abriría el ocho de mayo, los panistas habían recolocado en la mesa su propia iniciativa.
La pelea en tribuna, por lo pronto, será de antología ante la presión de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, por más que el resto de las cúpulas se mantiene en la indiferencia.
ÚLTIMO JALÓN
En lo que constituye su última oportunidad tras haber firmado el secretario de Economía, Bruno Ferrari, el documento final para dar cauce a un Tratado de Libre Comercio entre México y Perú, a la par de su contraparte y ante la presencia como testigo del presidente del país sudamericano, Alan García, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas se reunieron ayer con integrantes del Senado.
La intención es que éste no avala la negociación en el capítulo agropecuario, aduciendo que ninguno de los organismos fue consultado.
Los productores del campo, pues, no estuvieron en el cuarto de junto.
En la presión, sin embargo, del otro lado de la moneda los fabricantes de automóviles y autopartes publicaron desplegados en apego al convenio mercantil.
AEROMÉXICO LA HIZO
Finalmente Aeroméxico logró colocar exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores un primer paquete de acciones por el equivalente al 18 por ciento de su capital, con la novedad de que la demanda obligó a una sobreasignación del cinco por ciento.
Los papeles se cotizaron en 31.50 pesos. La recaudación total alcanzó los tres mil 750 millones esperados por la empresa.
Los recursos se canalizarán a proyectos de inversión, cuyo monto se calcula en mil 300 millones de dólares.
