Al menos 300 albergues, asilos, hospicios y casas de asistencia operan en Veracruz de manera irregular y en una gran mayoría se detectó que obligan a sus moradores a la mendicidad, un hecho tipificado como delito.
El director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juan Antonio Nemi Dib, informó que detectaron la operación irregular en territorio veracruzano de estos centros.
El funcionario estatal afirmó que, de acuerdo con sus estimaciones, en esos albergues o centros de atención irregulares son atendidos cerca de tres mil veracruzanos, desde bebés, mujeres embarazadas y golpeadas, hasta adultos mayores.
"Tenemos un censo que estimamos en alrededor de 300 instituciones y el promedio de estancia es de 10 personas, estimaría que actualmente están albergadas en el estado es una cifra que hay que tomar con reserva, no menos de 3 mil personas", alertó.
Ante ello, anunció que el gobierno de Veracruz presentará en breve ante el Congreso del Estado una propuesta de ley para regular el funcionamiento de albergues y similares, con el objetivo de evitar abusos a quienes residen en estas casas de asistencia.
"No se trata sólo de perseguir... también se darán estímulos y apoyos financieros a las casas de asistencia que operen de forma adecuada", expresó en conferencia de prensa.
Reveló han detectado que a muchos de los moradores de estas casas los obligan a la mendicidad, un hecho tipificado como delito en Veracruz.
"Albergues, asilos, hospicios, casas de asistencia que lamentablemente no están regulados, actualmente no tenemos facultades para poder evaluar y hay otras donde es notable el propósito de explotación, tengo que decirlo con todas sus letras, hay donde se explota a sus residentes, tenemos evidencias de una conducta delictiva", dijo.
Adelantó que esta ley propone la regulación de estos sitios que brindan asistencia, así como establecer candados para evitar abusos contra quienes se encuentran refugiados.
Detalló que se otorgará una certificación una vez que éstos demuestren que cumplen con los requerimientos para prestar el servicio, con el objetivo de que la población tenga certidumbre de que recibirán un trato digno y adecuado.
