¿Se acuerda usted cuando el polémico ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, sacaba la casta para sentenciar que no habría un solo centavo público para rescatar a Mexicana de Aviación? Bien, pues hete aquí que la frase correcta debió ser "ya no habrá más".
De acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública de 2009 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la línea aérea, propiedad, entonces del Grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade, tuvo un trato preferencial, digo, para no decir privilegiado, por parte de dos instituciones públicas, además de un tratamiento laxo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Estamos hablando del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
El primero le entró al quite a la línea aérea tras la negativa de la Secretaría de Hacienda de avalar el 40% de una colocación de deuda por 2 mil 500 millones de dólares que pretendía, al ofrecerle un supuesto préstamo de trabajo por 980 millones de pesos, a título de pial del gobierno frente al paréntesis que representó para el gremio el brote de influenza A H1N1.
La oferta, pues, estaba abierta para todas las compañías del ramo, por más que las tres más importantes en la pelea con Mexicana de Aviación, es decir Aeroméxico, Interjet y Volaris, no le entraron a la piñata.
El caso es que la línea aérea no era sujeta de crédito.Con pérdidas al segundo trimestre de 2009 por 3 mil millones de pesos, Mexicana de Aviación había reducido dos terceras partes su capital, lo que aquí y en China es causa de la disolución de una empresa.
La compañía, pues, estaba quebrada.
Su índice de liquidez alcanzaba apenas 0.48 veces su propio capital, en tanto sus deudas representaban 117.1% de éste.
De hecho, su nivel de endeudamiento era de 75% sobre el valor de sus activos.
Naturalmente, los flujos de operación de la empresa eran insuficientes para garantizar el pago puntual de intereses o capital.
Más aún, de acuerdo a las reglas fijadas por la Secretaría de Hacienda, el mínimo requerido de calificación crediticia para acceder al crédito de emergencia del Bancomext, previo certificado extendido por alguna calificadora extranjera, era de B-3.
Mexicana había llegado al escalón C1 en unos casos y D en otros, es decir, insolvencia total. Y aunque el Bancomext se defendía de cara a las críticas aduciendo que la firma había dejado en garantía nueve aviones, cuya entrega exigió al suspender operaciones la empresa, lo cierto es que éstos tienen más de 20 años de vuelo, lo que prácticamente los ubica como chatarra.
De acuerdo al cálculo de los expertos, lo más que se podía ganar en una subasta serían 5.5 millones de dólares por cada uno, lo que daría un total de 660 millones de pesos... frente a los 880 en que se ubica el adeudo. Ahora que, a su vez, Aeropuertos y Servicios Auxiliares le mantuvo un crédito abierto a la empresa en el propio 2009, pese a ubicarse en cartera vencida.
De acuerdo a un contrato pactado entre las partes, con vigencia del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2010, Mexicana estaba obligada a pagar el suministro de combustible en los 30 días posteriores al periodo de facturación, en cuyo defecto debía cubrir una pena convencional equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria. Estimada más 10 puntos.
De no hacerlo se rescindiría el contrato.
El caso es que ASA no hizo nada.
Peor aún, en enero de 2009 se suscribió un nuevo contrato en que se ampliaba el plazo de pago por 10 días adicionales, es decir de 30 se llegaría a 40 de tregua, con la novedad de que ahora la penalización por mora bajaba a TIIE más seis puntos.
Y ni así.
El colmo fue que el 16 de julio de 2009 habría otro convenio modificatorio, ampliándose en este caso el período de gracia de 30 a ¡60 días!, aunque manteniendo la penalidad por morosidad.
A la letra, el reporte del órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados señala que "Aeropuertos y Servicios Auxiliares descuidó los intereses del Estado y puso en riesgo la captación de ingresos derivados de la venta de combustible, lo que podría impactar en el patrimonio institucional".
Lo curioso del caso es que, insolvente para inyectarle recursos a Mexicana de Aviación, el Grupo Posadas está anunciando inversiones por 350 millones de dólares en los próximos tres años, para el desarrollo de 36 hoteles más.
Total, que el gobierno se haga bolas.
BALANCE GENERAL
A la callada, tal vez para no revivir las olas que se levantaron en el pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fijó nuevas reglas para créditos relacionados o autopréstamos con proa a los accionistas de los bancos.
El límite será el equivalente a 25% del capital básico de cada banco, lo que en términos monetarios no representa un gran avance.
Sin embargo, el espectro limita en paralelo las transferencias de utilidades que le pudieran enviar las filiales de bancos extranjeros a sus matrices. Como recordará usted, el escándalo estalló a la vera de la crisis de pagos de 1995, cuando se descubrió que los bancos eran dueños de una lista interminable de empresas que habían adquirido con el propio recurso de los ahorradores.
El caso más emblemático fue el del Banco Unión que encabezaba Carlos Cabal Peniche, una de cuyas "hazañas" fue adquirir por esa vía, utilizando prestanombres, la cadena hotelera Camino Real y el Hotel Reforma.
A MÍ ME VALE
Pues ahora resulta que de acuerdo a la óptica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hay delito que perseguir con la presencia de la empresa española AENA en el capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
A quién le importa si la firma es propiedad del gobierno español.
A quién le importa si el artículo 34 de la Ley de Aeropuertos y 18 y 19 de la Ley de Vías Generales de Comunicación disponen que ningún gobierno de países extranjeros podrá participar en el capital de los aeropuertos.
¿Se acuerda cuando se impugnaba, bajo el mismo escenario, pero bajo diferentes leyes, la presencia del Citigroup de los Estados Unidos en el capital de Banamex, cuando la Casa Blanca había adquirido un paquete accionario de éste para evitar su quiebra?
AENA participa en el Grupo Aeroportuario del Pacífico al lado de otra española de razón social Abertis, con la que se reparte el pastel en detrimento de los socios mexicanos.
Total, otra raya más al tigre.
GOTA FINAL
La gota que derramó el vaso en el añejo conflicto entre Teléfonos de México y Televisa fue un sesgo en la política editorial de ésta para magnificar las denuncias contra la firma de Carlos Slim y sus filiales.
De entrada, se le dio un espacio no habitual a las quejas contra Telcel por la caída del sistema para los suscriptores de banda ancha en telefonía celular.
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