Entre las cosas que no marchan bien en Torreón destaca en los últimos días el asunto de las finanzas municipales. En un comunicado emitido la semana pasada, la firma internacional Fitch Ratings informó de la modificación de la perspectiva "estable" a "negativa" que aplicó a la calificación de la calidad crediticia del ayuntamiento, la cual se mantiene en el nivel de AA(mex), que significa "muy alta calidad crediticia".
De acuerdo con el reporte, el cambio "refleja el deterioro observado (2006-2010) y esperado (2011) en la flexibilidad financiera del municipio, la cual ha estado caracterizada por un incremento en el gasto operacional (gasto corriente y transferencias no etiquetadas) superior a la dinámica de los ingresos disponibles durante los últimos cinco años".
La calificadora recomienda al ayuntamiento "mantener el objetivo de aumentar la recaudación local en conjunto con la estricta aplicación de políticas de austeridad y racionalidad para controlar el gasto operacional a fin de mantener un equilibrio presupuestal y revertir la tendencia decreciente en la flexibilidad financiera".
El informe es muy claro y refleja lo que desde hace varios meses se ha venido consignando en este medio de comunicación: el descontrol que hay en la administración municipal que encabeza Eduardo Olmos Castro. Basta con revisar algunos números y casos que dan cuenta de ello.
Uno de los problemas principales es el relacionado con la nómina municipal. En el primer año de gobierno, la erogación por este concepto creció un 43 por ciento, pues el gasto en enero de 2010 fue de 27.6 millones de pesos y en enero de 2011, de 39.7 millones. No obstante, llama la atención que el número de empleados no sólo no aumentó, sino que disminuyó. De 2 mil 786 empleados con los que se contaba al inicio de la administración, al cierre del año pasado había 2 mil 718, de acuerdo con el comunicado de Fitch Ratings. Y en julio del presente año, el gasto por concepto de servicios personales ya era de 43.3 millones de pesos, según el informe de avance de gestión financiera disponible en la página de Internet del gobierno local.
En junio pasado, la síndica de vigilancia, Natalia Virgil Orona, de extracción panista -quien ha sido una acérrima crítica del manejo de las finanzas municipales-, denunció el incremento del gasto y la deuda del ayuntamiento. Informó entonces que, con base en las cuentas públicas de mayo, el pasivo con proveedores había subido de 31 millones de pesos a 44 millones, y que del presupuesto anual para Propaganda e Imagen, fijado en 17.8 millones de pesos, se había consumido ya el 87 por ciento en tan sólo cinco meses. Para julio, el gasto acumulado por este concepto alcanzaba los 18.8 millones, de acuerdo con el citado informe de avance de gestión financiera.
Según la información disponible hasta el mes pasado, dada a conocer por la misma síndica, el pasivo global del Municipio ascendía a 449 millones de pesos, que abarca adeudos a corto, mediano y largo plazo.
Otro asunto que sirve de ejemplo para evidenciar la falta de rigor a la hora de vigilar el gasto, es el uso de la telefonía celular por parte de directores y regidores. Y es que mientras de enero a mayo del año pasado el gasto por este concepto fue de 57 mil pesos, en el mismo período de 2011 la cifra rebasó los 270 mil, es decir, cinco veces más. Comparado con otras erogaciones, el monto quizá no sea relevante, pero sí lo es el descontrol que exhibe.
En el tema de los ingresos destaca el rezago que existe en el cobro del impuesto predial, que es la principal fuente de percepciones de los municipios. A agosto de 2010, el rezago histórico en este concepto ascendía a 958 millones de pesos, de los cuales, 200 millones corresponde a un grupo de tan sólo 100 deudores, constituido por empresas inmobiliarias y prestadoras de servicios. Si el ayuntamiento pretende mejorar el estado de sus finanzas, por aquí es donde debería comenzar.
Frente a esta situación, el tesorero ha asumido una postura que parece, por momentos, desesperada. Sus actitudes y declaraciones manifiestan una obsesión por incrementar, a como dé lugar, los ingresos municipales. Esto, en principio, no es censurable, pues a fin de cuentas para eso se le paga. Lo que sí resulta cuestionable -y a veces hasta risible- es la forma de actuar del tesorero. Un día sale a la calle, con todo y grúa, a multar a los conductores que no depositan monedas en los parquímetros. Otro, anuncia que cobrará un impuesto por actividades deportivas que se realicen en espacios públicos. Luego en el baño de su oficina coloca un bote bajo un cartel con la leyenda "uso de sanitario 5.00 pesos". En contraste con lo anterior, decide condonar multas y recargos a los propietarios de licencias de alcoholes que no han pagado refrendos desde 2008.
El problema de fondo es que, con sus acciones, por más mediáticas que sean, el encargado de las finanzas de la ciudad no demuestra tener una estrategia bien definida, sino que parece más bien estar dando bandazos. Por otra parte, la división al interior del gabinete de Eduardo Olmos y la incapacidad de éste para alinear a sus colaboradores, representan un obstáculo para cualquier política que se emprenda con miras a mejorar la eficiencia de la administración. En este contexto, no es extraño que las finanzas, al igual que muchas otras cosas en la ciudad, continúen deteriorándose.
E-mail: argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
Twitter: @Artgonzaga
