Impacto. El objetivo de la extinción de dominio es desarticular económicamente a quienes cometen los delitos del fuero común como secuestros, robo de vehículos y trata de personas.
El Congreso Local recibió ayer una iniciativa que, de aprobarse, permitiría disminuir el potencial patrimonial de delincuentes del fuero común, dedicados al secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
El documento está sustentado en el artículo 22 de la Constitución Política de México, la cual permite la aplicación en favor del Estado de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, aunque aclaró que no se trata de una confiscación, explicó el diputado panista José Antonio Ochoa, promotor de la iniciativa.
La iniciativa, que fue turnada a su análisis en las comisiones legislativas de Seguridad Pública y Justicia, detalla que las propiedades sujetas a extinción de dominio son las que sean utilizadas como instrumento, objeto o producto del delito.
También contempla los bienes que, aun sin ser instrumento o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes obtenidos tras la comisión de faltas; también se aplicarían a favor del Estado los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
Se incluyen también aquellas propiedades que estén intituladas a nombre de terceros, pero existan pruebas para determinar que son producto de delitos o de delincuencia organizada.
Durango sería el sexto estado en aplicar la Ley.
Entre los antecedentes destaca que a nivel nacional ya existen Leyes de Extinción de Dominio en cinco entidades del país; el primer caso data de 2008 en el Distrito Federal; en mayo de 2009 surgió la Ley Federal; luego siguieron San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco y el último caso es Chihuahua.
