La bolsa que el gobierno federal destinará para recompensar a ciudadanos que denuncien actos de corrupción será de 60 millones de pesos, dio a conocer el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Destacó que las empresas han modificado su “modus operandi” para obtener contratos ilegalmente.
La dependencia a su cargo ha detectado que los particulares se ponen de acuerdo para ofrecer un alto costo al gobierno y “repartirse las ganancias”.
El funcionario señaló que la Secretaría requiere de facultades más amplias para investigar y para requerir información de manera distinta.
Aseguró que la idea de desaparecer a la Función Pública ya se desechó: “Sólo fue una propuesta para generar ahorros debido a la crisis mundial”.