La transferencia de recursos públicos de la nómina de la Policía Municipal de Torreón, a las arcas del Partido Revolucionario Institucional es un desvío ilícito, del que debe responder la autoridad.
Como es del conocimiento, la síndica y regidores panistas del ayuntamiento hicieron una denuncia sobre el descuento del tres y medio por ciento del sueldo a los agentes de Policía ingresados durante la actual administración que preside Eduardo Olmos, en abono a cuentas bancarias del PRI.
Los ediles de oposición, argumentan que el desvío ilícito afecta recursos federales del Fondo del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios, lo que obliga al Instituto Federal Electoral y a la Procuraduría General de la República a tomar cartas en el asunto.
Hasta el momento de escribir estas líneas, el alcalde Olmos reducido a mero delegado administrativo del grupo Moreira, no ha dicho esta boca es mía. El Tesorero y los regidores priistas han reconocido la existencia del descuento, aunque alegan que no afecta fondos federales; que los policías de que se trata aceptaron el descuento de modo voluntario; que la administración municipal está dispuesta a regresar su importe a quien lo solicite y a fin de cuentas, que los panistas están explotando el tema de cara al proceso electoral en marcha.
La respuesta soslaya la gravedad del talante corporativo de la medida que al modo del viejo sistema de Partido de Estado, hace de la burocracia un ejército de leva para fines electorales al servicio del grupo en el poder que controla el estado y el partido.
En virtud de que el sistema de cuota en comento afecta al rubro crítico de la seguridad pública, implica un ultraje a la ciudadanía que inútilmente exige un esfuerzo por parte de las autoridades locales en el combate a la delincuencia, y desmiente a las propias autoridades empeñadas en justificar su incapacidad con el trillado discurso según el cual, no disponen de recursos suficientes para pagar un salario digno y decoroso a los agentes de Policía, como una de las causas de su mal desempeño.
La opacidad con que se maneja la cosa pública en Coahuila y en específico en la actual administración, denota que la información difundida sobre el tema fue filtrada a los regidores panistas por los propios policías afectados, lo que revela que ni los descuentos en sí ni las aportaciones resultantes, tienen el carácter voluntario que se les atribuye.
Por otra parte, el ofrecimiento que hace la autoridad en el sentido de que está dispuesta a restituir el importe descontado a los afectados que lo pidan, es un disparate que implica el reconocimiento de una confusión patrimonial total entre partido y estado, puesto que si esos recursos ya están en manos del PRI, es a este último organismo a quien corresponde devolverlos, pues de regresarlos el Municipio, la afectación al patrimonio público resultaría por partida doble.
Como parte de la cínica respuesta de la administración municipal, el Director de Servicios Administrativos reconoce que además del área de seguridad, existen otras dependencias municipales que aplican descuentos de esta índole a un número de trabajadores que suman mil sesenta y seis.
Es de suponer que si a escaso año y medio de que el PRI recuperó la alcaldía de Torreón se ha erigido una estructura perniciosa como la que es objeto de comentario, en el resto de los municipios de Coahuila y en el mismo Gobierno Estatal impera el mismo sistema con mayor fuerza y arraigo, lo que en efecto convierte el tema en un tópico electoral que es obligado agotar en el marco del actual proceso para elegir gobernador y diputados.
La presente denuncia y todas las que se hagan a los gobiernos emanados de cualquier partido, en el lugar y nivel que fuere, justifican su pertinencia en razón de la importancia de su contenido y la evidencia que se ofrezca, sin que sea válido descalificar las críticas por el solo hecho de que provengan del adversario político, en tiempos electorales u ordinarios.
