Investigación. Perla Fernández, titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado detectó un daño al erario público por 3 mil 687 millones de pesos en el gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz.
La contralora del estado, Perla Fernández, explicó que se detectó el desfalco al concluir 16 de las 45 auditorías programadas para este año, como parte del proceso de fiscalización a la Administración Pública Estatal 2004-2010.
Presentó una lista de 32 funcionarios del sexenio del priista Ulises Ruiz, involucrados en la aplicación irregular de recursos públicos.
Informó que para darle seguimiento a los resultados de estas auditorías instruyó a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la Contraloría, "previa la notificación a la Subsecretaría de Auditoría Pública, iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores que resulten responsables".
VAN POR RESPONSABLES El gobernador Gabino Cué ha señalado que las auditorías no son revancha política contra su antecesor; "se realizan para definir cómo se recibió el Gobierno, pero nunca con fines de venganza política o electoral". Además, que su Gobierno será muy cuidadoso de sancionar las irregularidades que se detecten y responsabilizar al funcionario que sea necesario.
Tras 80 años de gobiernos del PRI en el estado, el 1 de diciembre de 2010 asumió la gubernatura Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
LA LISTA NEGRA La contralora destacó que las 16 auditorías arrojaron una lista negra de funcionarios, entre los que destacan los extitulares del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Trejo González; de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y del Seguro Popular, Aarón Pérez.
Además, Esdras Cruz y Cruz, subsecretario de Ingresos; Fernando González García, subsecretario de Egresos, y Bernardette Rouse Mayo, jefa de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas.
Las auditorías arrojaron que se modificaron "las partidas inicialmente autorizadas por el H. Congreso del estado, que sin duda pusieron y ponen en riesgo los proyectos y programas que la Constitución nos obliga a ejecutar en beneficio de la sociedad oaxaqueña".
AFECTADOS Los referidos quebrantos se encontraron en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), por 736 millones de pesos; Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, 46 millones; Régimen Estatal de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, mil 297 millones de pesos.
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, 173 millones de pesos; Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 621 millones de pesos; Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, cuatro millones de pesos; Instituto Estatal de Educación para Adultos, 54 millones de pesos; Instituto Estatal de Bachillerato de Oaxaca, 154 millones de pesos; Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, 16 millones de pesos; Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 492 millones de pesos; Secretaría de la Contraloría, 16 millones de pesos.
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 53 millones de pesos; Secretarías de Turismo y Economía, 63 millones de pesos; y la Oficina de Pensiones, 11 millones.
EL UNIVERSAL
