"Lo ilegal lo hacemos inmediatamente. Lo inconstitucional nos toma un poco más."
Henry Kissinger
En los países en los que se respeta el Estado de Derecho, las policías primero investigan y después detienen a los presuntos responsables de un crimen. En México se actúa exactamente al revés: primero se detiene y después se investiga.
El caso de Jorge Hank Rhon es típico, aunque quizá más obvio que los demás. En la madrugada del 4 de junio el expresidente municipal de Tijuana fue detenido en su casa, supuestamente en flagrancia, por violaciones a la ley de armas de fuego. Los soldados que irrumpieron en su casa no presentaron una orden de cateo o de aprehensión.
Como el delito de acopio de armas no es grave, y permitiría la libertad bajo fianza, las autoridades han estado buscando otras posibles acusaciones ya con el presunto responsable detenido. De esta manera, el lunes 6 de junio se presentó finalmente una orden de cateo para revisar la casa de Hank en Tijuana, la cual se encontraba ya bajo custodia del Ejército. Los agentes del Ministerio Público están buscando ahora pruebas para acusar de nuevos delitos a un hombre que por razones políticas necesitan mantener en la cárcel durante mucho tiempo.
No dudo que al final encuentren pruebas para alguna u otra acusación. Hank es un personaje excéntrico cuyo comportamiento parece haberse desviado muchas veces de lo que marca la ley. Las sospechas de su participación en la muerte de Héctor "El Gato" Félix, columnista del semanario Zeta de Tijuana, son particularmente fuertes desde hace años.
Pero eso no significa que no sea cuestionable la actuación de la autoridad. Todo parece indicar que el Gobierno Federal tomó la decisión de ir detrás del priista, para lo cual se inventó una flagrancia inexistente, y se le detuvo por acopio de armas, la misma acusación que se fraguó contra Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", en 1989.
Ahora viene el intento de encontrar pruebas para una acusación más seria que permita mantenerlo más tiempo privado de su libertad. Esto será más fácil si la autoridad tiene el control de la casa de Hank, quien hasta este momento no ha sido consignado por ningún delito.
El problema es que, sin importar los pecados que pueda haber cometido en su vida Hank Rhon, lo que está haciendo el Gobierno Federal nos pone a todos en riesgo. Si aceptamos que la autoridad puede irrumpir en casa de una persona sin orden de cateo o de aprehensión para buscar pruebas de cualquier delito, todos estaremos en peligro. La Constitución mexicana no es irracional cuando señala en su artículo 14 que "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos." Si a las autoridades no les gusta esta garantía, tendrían que cambiar la Constitución.
Lo peor de todo es que este tipo de acciones bien podrá abrir las puertas para revanchas políticas en el futuro. Si los panistas pierden las elecciones federales del próximo 2012, ¿quién impedirá que el nuevo gobierno utilice contra ellos las mismas tácticas que se usaron contra Hank Rhon o contra los detenidos en el "michoacanazo"?
Los mexicanos debemos defender las garantías individuales. Quizá hoy algunos puedan aplaudir el que se violenten en el caso de Hank Rhon, pero entonces no podrán quejarse si se quebrantan también en otros casos, incluso aquéllos en que ellos mismos pudieran estar involucrados.
Por ello debemos invertir la forma en que actúan las autoridades mexicanas: los policías, y los soldados que ejercen de policías, deben investigar primero y detener después, en lugar de hacer como hoy que primero detienen y después investigan.
PASO DEL NORTE
La Policía Federal irrumpió también de forma violenta el domingo por la noche en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Para variar los policías no exhibieron orden de cateo. Dicen que iban detrás de un narcomenudista, el cual nunca apareció.
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