El director de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome, mayor retirado del Ejército, León Horacio Reyes, y 32 mandos superiores, menores y agentes policiacos fueron detenidos por militares y agentes estatales.
Mario López Valdez, "Malova", gobernador de Sinaloa, dijo que esta acción responde a la revisión de conductas presuntamente delictivas de elementos preventivos que se hará extensiva al resto de los 17 municipios, en coordinación con los alcaldes.
Las instalaciones de Seguridad Pública ubicadas en la ciudad de Los Mochis fueron tomadas por unos 70 militares, encabezados por el comandante de la novena zona militar, general Moisés Melo García, en respaldo de la Procuraduría de Justicia del Estado.
El despliegue militar y de policías ministeriales ocasionó sorpresa y temor entre los residentes de la zona, por desconocer los motivos del operativo. Horacio Reyes, sus principales colaboradores y un grupo de policías, fueron desarmados y subidos a un autobús para ser trasladados ante el Ministerio Público para que rindan sus declaraciones.
El gobernador dijo que el alcalde de Ahome, Xenen Xochihua Enciso, fue notificado de la acción que se emprendería, en virtud que se cuenta con un gran número de denuncias y pruebas documentales, en el sentido que los policías suplieron a los delincuentes. Externó que pese a que el grupo élite de la Policía Estatal Preventiva logró inhibir la presencia de grupos armados que en forma descarada se paseaban armados, los actos delictivos no cesaron, por lo que se abrieron investigaciones en el fuero común y federal.
Dio a conocer que en días pasados, en una reunión con los 18 presidentes municipales se abordó el tema del posible involucramiento de sus policías en actividades ilícitas o con grupos delictivos, por lo que están abiertas investigaciones tanto en la Procuraduría de Justicia del Estado, como en la dependencia federal.
Mario López Valdez apuntó que su gobierno va a continuar con la depuración de los cuerpos de seguridad y en la formación de nuevas unidades élite, a fin de dar respuesta a la mayor queja de la ciudadanía que es la seguridad pública y el combate a la violencia.
El gobernador del estado apuntó que será la instancia judicial la que defina la situación jurídica de los 33 funcionarios.
