Funcionarios de la administración que encabezó Narciso Agúndez Montaño en Baja California Sur, entre ellos el ex secretario general de Gobierno, Luis Armando Díaz, fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por estar involucrados en presuntas acciones ilícitas cuando fueron servidores públicos.
En un breve comunicado, la PGJE confirmó la detención de Luis Armando Díaz, quien contendió por la gubernatura, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de febrero de este año, así como de Guillermo Jáuregui Moreno, quien fuera secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, y de Héctor Ibarra Espinoza, ex oficial mayor del Gobierno del estado y ex candidato luego de Acción Nacional por la alcaldía de La Paz.
De acuerdo con la dependencia, a los detenidos se les acusa del presunto delito de "incumplimiento de un deber legal en su calidad de servidores públicos del Gobierno del estado en la pasada administración".
El comunicado indica que las aprehensiones se realizaron ayer miércoles por la noche en la ciudad de San José del Cabo, así como la mañana de hoy jueves en la ciudad de La Paz.
En junio pasado, la PGJE informó de dos denuncias existentes contra funcionarios de la administración anterior, entre ellos el propio ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, así como Ibarra Espinoza y Jáuregui Moreno, por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos, falsedad y coparticipación en conductas ilícitas.
Lo anterior, con relación a la enajenación de predios en el municipio de Los Cabos. Una operación de compra venta irregular de bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento "El Pedregal", de Cabo San Lucas, que significó un agravio al erario estatal por 52 millones 220 mil pesos.
Por otro lado, informó también de la denuncia en contra de Ibarra Espinoza y otros funcionarios, por presuntamente incurrir en la simulación de actos jurídicos en perjuicio de la administración pública del gobierno estatal, derivado de un contrato de compra venta en 2007 de un inmueble, por el orden de los 27 millones de pesos, monto que no fue radicado en las arcas de la administración pública estatal.
La PGJE manifestó que "en su momento" informará sobre el desarrollo y secuencia, dijo, de los procesos penales que se siguen a raíz de las detenciones.
