Dañan. Muchos jóvenes no permiten que áreas verdes o paseos públicos luzcan dignos para la ciudadanía debido al graffiti.
Hasta mayo del presente año fueron 204 los menores, entre éstos 29 mujeres, detenidos y puestos a disposición del Juzgado Administrativo Municipal de Gómez Palacio por faltas consistentes en graffiti y drogadicción, recomendando a los padres, en el segundo de los casos, tratar su problema en un centro de rehabilitación contra adicciones.
El juez, Gabriel de Jesús González Aguilera, informó que los implicados incurrieron en violaciones al Bando de Policía y Gobierno, detallando que las edades de los menores fluctúan entre los 12 y 17 años, siendo marzo, abril y mayo cuando hubo más arrestos por parte de la Secretaría de Protección y Vialidad.
De acuerdo con los procedimientos que se siguen, a partir de que se tiene conocimiento del ingreso de un menor al tribunal se le realiza una revisión médica para conocer el estado físico y mental.
Una vez realizados los trámites se le pone a resguardo en una celda independiente de donde se encuentran los demás detenidos mayores de edad, separándolo según su género para posteriormente solicitarle los datos de su domicilio y de sus padres, a quienes se les avisa de la situación de su hijo o familiar.
Mencionó que en caso de cometer daños patrimoniales por medio del pintarrajeo o graffiti, el juzgado califica la falta en base y con sustento en lo establecido por el Bando de Policía y Gobierno, el cual establece en su artículo 262 un arresto hasta por 36 horas, pena que puede ser conmutada por el pago de una multa determinada de acuerdo a la gravedad de los perjuicios materiales al inmueble o mueble.
Esta multa, dijo, es independiente al pago de la reparación de los daños causados a los particulares o al Ayuntamiento, sin embargo, también se apercibe a los padres como al menor que en caso de reincidir en la comisión de la misma infracción o de otras contempladas en el mismo Bando, se aplicará el máximo de la sanción fijada por el artículo 262.
Asimismo, a los padres se les invita asistir a pláticas sobre temas relativos a la prevención del delito y de valores, agregó el juez González Aguilera. En cuanto a los menores de edad que incurren en el consumo de drogas, se aplica similar proceso, sólo que a sus progenitores se les hace la recomendación de que internen a su hijo o hija en algún centro de rehabilitación.
