Ni las entidades federativas ni los municipios están obligados a dar a conocer los montos de sus deudas públicas; por ello, surge la necesidad de crear una iniciativa que regule este tema y sus finanzas no se salgan de control.
Lo anterior fue afirmado por el legislador federal Bonifacio Herrera Rivera al señalar que se estima porque no existe un registro que las deudas de los municipios y los estados en el país sea del orden de 300 mil millones de pesos.
En el caso de Durango, afirmó que se estima un endeudamiento del orden de 22.6 por ciento con relación a sus ingresos.
El legislador local Jorge Salum del Palacio manifestó que la deuda pública que tiene contratada corresponde únicamente al pasivo a largo plazo, que son tres mil 400 millones de pesos, de acuerdo con el 22. 6 por ciento que se menciona.
Sin embargo, hay otro pasivo que no se registra bajo el esquema de los PIPS por un monto de 50 millones de pesos anuales contratado a largo plazo.
Si se suman estamos se estaría hablando de una deuda total del orden de los siete mil millones de pesos.
Consideró que en Durango puede complicarse la situación financiera. El año pasado, cuando se aprobó en la Ley de Ingresos, se autorizó la posibilidad de que el Gobernador contratara una deuda de 600 millones.
Sin embargo, dijo, hasta el momento no se ha especificado el destino del recurso, ni se tiene conocimiento de si ya se contrató. Además, dentro de la dinámica de la glosa del Gobierno Estatal no se contempló la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y de Administración, por lo que existen muchas dudas.
