La declaración de Israel Ramos Flores, en el sentido de que la Ley de Deuda Pública de Coahuila recién votada en el Congreso del Estado va a ser revertida, exige una explicación detallada de parte de dicho funcionario.
De acuerdo a la información respectiva, el nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila anunció la posibilidad de referencia, en el marco de las negociaciones preliminares para reestructurar la deuda pública contraída por el gobierno de Humberto Moreira. En ese mismo entorno, la directora de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) previene que la institución a su cargo no financia la reestructuración de pasivos, sino obras de infraestructura.
Los anteriores son indicadores de las dificultades que están a la vista en el camino de reestructuración de la deuda mencionada, que desde luego llevará a los acreedores bancarios a radicalizar su postura de negociación para satisfacer los requisitos de las calificadoras de riesgo crediticio, lo que se traduce en la determinación de tasas de interés más costosas que pagará el sufrido pueblo y la exigencia de garantías que redundarán en una suerte de embargo con carácter de intervención del importe de las participaciones federales en el futuro inmediato.
Lo dicho es congruente con las luces de alerta que encienden analistas financieros consultados, como se desprende del estudio hecho sobre el tema de la deuda pública de los estados por parte del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), que sin parar en eufemismos afirma que las leyes de deuda pública de los estados son una mera simulación.
Lo anterior revela que más allá del grave problema financiero que implica, la deuda de Coahuila y la de otras entidades federativas es la punta del iceberg de un problema político que pone los pelos de punta, respecto a que nos encaminamos hacia un despotismo autocrático de pronóstico reservado, debido al avasallamiento de los congresos por parte de los poderes ejecutivos de los estados y el secuestro de los procesos electorales a través del control del dinero del erario público.
Este comportamiento genera una distorsión de la realidad, como ocurre en el caso de Coahuila en el que los gobernantes priistas de estado y municipios, llegan realmente a creerse que la gente votó por ellos en los últimos comicios porque gobiernan bien y no como ocurre en la especie, en función de la compra masiva de votos en gran escala y con dinero a manos llenas, que ahora tendremos que pagar los ciudadanos de Coahuila.
El riesgo referido alcanza proporciones de amenaza a nivel nacional, en virtud de las declaraciones sobre el tema vertidas por Francisco Rojas, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Minimiza el diputado priista la deuda pública de los estados cuando la compara con la deuda de Gobierno Federal, lo que desde luego es inconducente porque este último dirige la estrategia económica y financiera nacional a través de Pemex, CFE, carreteras, puertos de tierra, mar y espacio aéreo, etcétera, lo que desde luego reduce la comparación al absurdo.
Por ello en la medida en que los gobiernos de los estados continúen por la senda de la simulación legislativa en materia de deuda pública, estaremos en el camino de la confrontación con una realidad económica, a la que sólo es posible dominar mediante la observancia de las propias leyes del mercado financiero. Las crisis económicas recurrentes sufridas por el pueblo mexicano en los últimos treinta años del siglo pasado, nos dejaron una secuela de pobreza que estamos muy lejos de resolver sin embargo, pareciera que existen emisarios del pasado que insisten en volver a los errores de antaño.
