Con 325 votos, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el consentimiento de la víctima como excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito de trata de personas.
La reforma consiste en eliminar el último párrafo del artículo 6 de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que permite a reclutadores y traficantes de personas alegar que las víctimas se someten voluntariamente para evadir la ley.
"No podemos permitir que los reclutadores y traficantes utilicen el argumento del consentimiento de las víctimas como instrumento de defensa", argumentó la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido Nueva Alianza (Panal), proponente de la reforma.
Hemos escuchado a "los pocos criminales que hemos atrapado en el país asegurando que han tenido la venia de quien ha sido explotado. En este sentido, es importante eliminar ese resquicio por donde se nos pueden filtrar todos criminales", expuso por su parte la diputada Teresa Incháustegui, del PRD.
Los cambios recibieron el respaldo de todas las bancadas, pero hubo una abstención y fueron enviadas al Senado para su análisis.
En tanto, la diputada Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Trata de Personas, dijo que gracias al interés de algunos procuradores estatales se ha avanzado en castigar ese delito, pues han recabado pruebas suficientes para sentenciar a responsables a pesar de haber argumentado sometimiento voluntario de las víctimas.
"Queremos felicitar a todos los procuradores que aún con esto han logrado sentencias, el procurador Raciel López (Chiapas), ya 13 sentencias; el procurador Miguel Ángel Mancera (Distrito Federal), 11 sentencias; el procurador Víctor Carrancá, de Puebla, una sentencia; el procurador de Baja California -Romel Moreno-, una sentencia, y hacer un llamado a los demás porque queremos que se acabe la impunidad".
Por eso, pidió que pese a la insuficiencia presupuestal de la Federación para atender integralmente el problema en 2012 los estados sean corresponsables y destinen recursos para atender ese tipo de problemática en sus entidades.
"Un llamado a los procuradores para que sí ocupen recursos los estados, sí etiqueten recursos en los estados para todo lo que es fuero común poder realmente atender a las víctimas con toda la dignidad que merecen, desde el operativo hasta su reinserción social".
La legisladora confió en que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, que deberá ser dictaminada por comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, sea aprobada en este periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre.
