La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó regular e imponer límites a la figura del arraigo para evitar abusos y detenciones inconstitucionales.
Por mayoría diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) avalaron el dictamen que establece los supuestos en los que un juez especializado podrá autorizar el arraigo de una persona, las pruebas requeridas, las causas, la duración y el procedimiento.
Entre los cambios propuestos se encuentra que el arraigo sea sólo para ilícitos de delincuencia organizada en términos del artículo 16 de la Constitución, salvo casos graves.
Los diputados aprobaron convertir esa en una figura de carácter cautelar personal, por lo que podrá ser impuesta exclusivamente a personas señaladas como probables responsables, partícipes o imputados.
Además propone incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a los llamados "jueces de control", es decir, los especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones, figuras que hoy existen sólo por acuerdo del Consejo de la Judicatura, sin encontrarse en ley.
El arraigo, según el dictamen, estará subordinado a la validación de este tipo de "jueces de control" y las modalidades de esa figura podrán incluir no sólo la obligación a permanecer en un lugar determinado, sino la colocación de localizador electrónico, impedimento a salir del país o de comunicarse o reunirse con personas determinadas.
El dictamen de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se propone sea analizado por el pleno legislativo la semana próxima, establece normas para el funcionamiento y composición de los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigo, e Intervención de comunicaciones.
Estos podrán conocer y resolver las peticiones de arraigo que, en toda la República solicite el Ministerio Público de la federación en la etapa de averiguación previa.
También podrá autorizar solicitudes de intervención de comunicaciones (telefónicas o vía satélite) que sean formuladas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y por la Policía Federal, y para intervenir cualquier comunicación privada.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión y proponente de la iniciativa, Humberto Benítez Treviño, expuso que el objetivo es "evitar detenciones inconstitucionales disfrazadas de arraigo".
"Si no la acotamos puede convertirse en una facultad que vulnere garantías constitucionales porque el artículo 16 dice que pude duplicarse el arraigo a juicio del Ministerio Público y no dice por qué, se convierte en una facultad discrecional".
El diputado Oscar Martín Arce Paniagua, del PAN, expresó el apoyo de su partido para que "no se caiga en excesos de esta figura".
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó en contra, argumentó la diputada Ángeles Nazares pues, por el contrario, ese partido busca desparecer esa figura por violar derechos humanos. A los arraigados "se les coloca en un subsistema que no sabemos si son indiciados o inculpados, se les detiene sin investigar cuando debe ser al revés".
La legisladora Enoé Uranga (PRD) se abstuvo, aunque consideró que "tener un reglamento es menos malo que tener la situación de ahora".
