Como director ejecutivo de administración del Instituto Federal Electoral (IFE), Fernando Santos Madrigal solicitó recursos -para remodelar dos inmuebles- por más de 30 millones de pesos, cifra que está por encima del límite legal.
Los millones se destinaron para renta y mantenimiento de una bodega ubicada en la delegación Iztapalapa y para remozar las oficinas de la Contraloría General del órgano electoral.
Los documentos obtenidos muestran que para el inmueble ubicado en la avenida Tláhuac, colonia Cerro de la Estrella, Santos Madrigal pidió un total de 27 millones 400 mil pesos, cuando la normatividad establece un límite de 550 mil pesos para llevar a cabo adecuaciones a un inmueble.
El contralor informó en mayo pasado al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, que Santos se hizo acreedor a una inhabilitación por cinco años para desempeñar cargos públicos.
Sobre el asunto de las remodelaciones a la Contraloría, oficialmente no hay ninguna investigación.
Se buscó la versión del contralor Gregorio Guerrero, pero hasta el cierre de esta edición, el funcionario seguía en reuniones en sus oficinas, cuya remodelación tuvo un costo de 500 mil pesos en el año 2008.
Junto a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE, Santos Madrigal firmó en julio de ese año para la remodelación del piso 3 del edificio Zafiro, por dicha cantidad. Por el lado de la Contraloría, la aprobación fue suscrita por Pedro Enrique Martínez Franco, coordinador administrativo.
Tres meses después, se aprobaron otros acuerdos para remodelar las oficinas del piso 8 del mismo inmueble ubicado en Periférico Sur 4124 colonia Ex Hacienda de Anzaldo en la delegación Álvaro Obregón.
El primero por un millón 480 mil pesos y el otro, por 120 mil pesos para la supervisión de la obra con carácter de urgente y entre las justificaciones están: "En virtud de que el IFE no cuenta con la infraestructura ni los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo los servicios de supervisión de los trabajos".
EL DESGLOSE De acuerdo al expediente de 515 páginas de la bodega de Tláhuac, establece que en 2008 el exdirector ejecutivo pidió un total de 27 millones 400 mil pesos en dos exhibiciones para el arrendamiento, conservación y mantenimiento del lugar. El 26 de marzo de 2008, Santos solicitó 21 millones 300 mil pesos para los servicios de supervisión externa, dirección de obra y trabajos de adecuación del inmueble.
Adicionalmente, el 17 de noviembre del 2008 solicitó "de nueva cuenta autorización y ejerció recursos por 6 millones 100 mil pesos para la colocación de red de voz, datos de equipamiento e instalación del centro de cómputo y de la subestación eléctrica.
"(Santos) a ctuó con notoria negligencia en el desempeño de sus funciones e incumplió los principios de certeza, legalidad y objetividad al no observar escrupulosamente la Constitución y en el reconocimiento coherente y razonado de la realidad", indicó en su resolución el contralor.
