Postura. Representantes de varias universidades del país expresaron su preocupación por lo ocurrido en la UJED al afirmar que la autonomía de las universidades públicas está en riesgo. LEÓN CARMELO ALVARADO / EL SIGLO DE DURANGO
Las universidades públicas están en riesgo, pese a los resultados y a la alta demanda de aspirantes, coincidieron los ponentes de un foro sobre autonomía quienes manifestaron su inconformidad por el decreto presidencial que hace deducibles de impuestos las colegiaturas.
Rito Terán Olguín, catedrático y ex director del CCH de la UNAM, calificó como un "duro golpe" la pérdida de 13 mil millones de pesos con la medida que se pretende implementar; afirmó que en las condiciones actuales de la educación pública ese dinero sería de gran ayuda para ampliar la cobertura ya que en educación media superior se tiene una cobertura de 64 por ciento y en el nivel superior del 30 por ciento, "por condiciones económicas muy graves para que los estudiantes permanezcan". Dijo que esta es una situación "grave" como para que se favorezca a un sector que puede pagar la educación. Ante ello, pidió al Poder Legislativo que revierta el decreto presidencial.
Mencionó que la subordinación presupuestal y la intromisión de los gobiernos ha puesto en riesgo a las universidades, "pero el extremo ha llegado en el caso de Durango", dijo, ante la situación que vive la UJED.
Por su parte, Rafael Rodríguez Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coincidió al afirmar que la autonomía de las universidades está en riesgo ya que se pretende convertirlas en empresas mercantiles y destacó que, mientras la cobertura se incrementó, los recursos disminuyeron.
Refirió que durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2011, los rectores de las universidades públicas pidieron la mitad del costo estimado por la deducibilidad de las colegiaturas (7 mil millones) para ampliar la cobertura educativa de sus instituciones, "reiteradamente se nos señaló: no hay recursos e inclusive a muchas se les redujo el subsidio", reclamó.
Además, consideró que con la medida se acentúa la exclusión en la educación. "La educación privada, buena o mala, es la forma más efectiva de la discriminación social", citó en referencia a Gabriel García Márquez.
Opinó que "el sacrificio fiscal" es un subsidio a la educación privada a la que no se le piden requisitos, ni reconocimientos, ni evaluaciones.
Agregó que los gobiernos estatales han tomado a las universidades públicas como "un botín que es apetecido para ejercer poder sobre ellas; por una parte, se les trata de concebir como si fueran dependencias de la administración estatal, en las que pueden intervenir a su arbitrio, designando autoridades, imponiendo profesores y trabajadores, definiendo la vida interna y los planes de estudio", planteó.
Reprochó el trato que las universidades reciben, "como gasto improductivo y se les regatean o se les niegan los recursos para la ampliación de la oferta educativa". Esto, según dijo, cancela la posibilidad de que más jóvenes puedan ingresar a la educación superior pese a que hay ocho millones de "ninis".
