A contrapelo de la promesa al Congreso del secretario de Economía, Bruno Ferrari, de atender los exhortos girados por las cámaras de Diputados y de Senadores para frenar la compra del Servicio Panamericano de Protección por parte de la estadounidense Brink's, ésta sigue viento en popa a toda vela.
De hecho, hace unos días estuvo en las instalaciones de la firma transportadora de valores el presidente de la multinacional de allende el Bravo, Michael T. Dan, en tareas de supervisión.
La operación de compra a 11 bancos establecidos en el país, entre ellos Bancomer, Santander y HSBC, de la empresa, en paralelo, ya se hizo pública en las ciudades de la Unión Americana donde opera Brink's.
En el insólito, además, hete aquí que la Secretaría de la Defensa Nacional le acaba de autorizar a la firma estadounidense trasladar armas de sus operaciones en San Juan del Río, que debieron ser cerradas por incosteables, a Querétaro.
Se diría, pues, que todo está consumado.
La paradoja del caso es que aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a presión de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, le pidió a Brink's una serie de documentos para demostrar que la empresa que operaría en México sería distinta a la matriz de Nueva York, ésta se amparó contra la exigencia.
Como usted sabe, la Ley de Inversiones Extranjeras prevé una cláusula de exclusión para extranjeros en la propiedad de firmas transportistas. Textualmente, el artículo sexto del ordenamiento señala letra por letra que "las autoridades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a sociedades mexicanas con exclusión de extranjeros: I. Transporte terrestre de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería".
El primer alerta lo colocó en la mesa la propia Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, al advertir en un desplegado público de la posibilidad de un acto más de simulación en quebranto de la legislación vigente.
La referencia aludía a que hace 41 años la firma estadounidense Brink's llegó contra viento y marea a la firma transportista de valores con una participación de 20%, lo que obligó a entablar una serie de litigios para obligarla a vender. La razón era simple: Con el paquete en su poder, Brink's se convertía en socio mayoritario de la compañía, dada la pulverización de su capital.
La participación se ocultaba en un fideicomiso neutro establecido en Nacional Financiera.
Ahora que la intención aparentemente ya consumada en los hechos, de alcanzar ahora el 100% viola también la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe a empresas con mayoría de capital extranjero custodiar éstas.
Se calcula que Serpaprosa tiene al menos ocho mil armas.
El caso es que el escándalo alcanzaría al Congreso, provocando la promoción por parte de los senadores Felipe González González, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Aceves del Olmo, de un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Economía a frenar la evidente ilegalidad.
La acción se repetiría en la Cámara de Diputados, bajo la promoción ahora del diputado Ramón Jiménez González.
En el camino, hubo una reunión entre representantes de la Secretaría de Economía, de la Defensa Nacional y Gobernación con comisiones del Senado, donde se ratificó que la operación es ilegal, por más que se alegaba un absurdo: que el transporte de billetes no representa una operación de carga.
Lo cierto es que el secretario de Economía no ha respondido a los exhortos.
Pero aún, los legisladores que impugnan la operación presumen tener información confidencial de un presunto conflicto de intereses en que se ubicaría el funcionario, dado que según ello gente de su confianza participó en el acta constitutiva de la empresa que operaría el Servicio Panamericano de Protección.
De hecho, se está citando a Ferrari para que dé una explicación sobre el asunto, en un escenario en que el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Francisco Arroyo Vieyra, ha declarado que "la Secretaría de Economía es más promotora de los intereses extranjeros que nacionales".
Lo cierto, además, es que Brink's, no era la única opción en la mesa. Los bancos desecharon una oferta planteada por los empresarios mexicanos Javier Pérez Torres y Fernando Manzanero.
¿Inversión extranjera aunque se pisotee la ley?
BALANCE GENERAL
Aprobado por el Senado un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, en la orden del día se plantea exigirle cuentas sobre el sobreendeudamiento de la paraestatal.
Concretamente se plantea la exigencia de transparentar los compromisos crediticios adquiridos por ésta hasta 2018.
Como usted sabe, la empresa pública se ubica desde hace dos años en un escenario de quiebra técnica al rebasar sus deudas el valor de su capital.
OTRA DE GOLDCORP
Colocadas en la lupa por sus poco ortodoxas maneras de extraer los metales preciosos del subsuelo, hete aquí que otra de las empresas extractivas canadienses que operan en el país está en problemas.
La compañía Goldcorp firmó en 2007 una serie de contratos que le permitían la ocupación temporal por 30 años de terrenos ejidales ubicados en Zacatecas, con la novedad de que éstos han sido declarados nulos por el Tribunal Unitario Agrario Local.
La exposición de motivos señala que se pagó a los campesinos una cantidad inferior al valor real de las tierras.
El recurso alcanzó 5.3 millones de pesos.
De acuerdo al fallo del órgano, los canadienses deberán regresarle a los ejidatarios 900 hectáreas de las seis mil que ocupan.
El problema para Goldcorp es que en ellas se ubican 25 de los 50 pozos de agua con que opera la mina.
INTERNET, SIN IVA
En lo que pretende abonar a su causa en su pretensión de ser candidato perredista al gobierno capitalino, el senador Carlos Navarrete planteó una propuesta para aplicar tasa cero a los cobros que se hacen a los usuarios para recibir acceso a internet.
La exposición de motivos señala que el trato impositivo plantea como un lujo lo que es necesidad, en un escenario en que sólo 31 de cada 100 mexicanos tiene acceso al espectro del llamado "ciberespacio".
GASERAS, INCÓMODAS
La presión de los habitantes de San Juan Ixhuatepec está condicionando su voto a los candidatos al gobierno del Estado de México, Alejandro Encinas (PRD), Eruviel Ávila (PRI) y Luis Felipe Bravo Mena (PAN), a que se comprometan a gestionar ante el gobierno federal la reubicación de las gaseras instaladas en la zona.
La exposición de motivos habla de un Decreto Presidencial firmado en 1985 por Miguel De la Madrid en que se exige la acción, tras la terrible explosión de un año antes en los depósitos de suministro de Pemex que provocó la muerte de centenares de habitantes del lugar.
