Dos reacciones llaman poderosamente la atención en relación a la detención del empresario y político Jorge Hank Rhon.
La primera es que su partido y sus correligionarios lo han dejado solo en este complejo caso legal. Durante el sábado y parte del domingo hubo fuertes reacciones en contra de la operación militar, pero conforme pasaron los días el tema quedó en el silencio para las huestes priistas.
Esto significa que los del tricolor entendieron que defender a un personaje tan controvertido como Jorge Hank Rhon, quien fue alcalde de Tijuana y excandidato a gobernador de Baja California, no resulta fácil ni atractivo para fines electorales.
Además deben haber pensado que esto puede ser el inicio de una cacería en contra de connotados priistas que poseen un largo historial delictivo y viven bajo un mar de sospechas criminales, pero nadie se ha atrevido a tocarlos.
De ahí que los priistas han optado por nadar de muertitos y dejar la defensa legal a la familia Hank y a sus abogados.
La segunda reacción inusitada ha sido la serie de artículos periodísticos, varios de firmas nacionales prestigiadas, en donde censuran el procedimiento para la captura de Hank Rhon y diez de sus escoltas, por supuestas violaciones a las garantías individuales.
Habida cuenta de los constantes errores y atropellos que cometen las policías e incluso los militares, no resulta descabellado pensar en un acto ilegal al ingresar de madrugada a la residencia de Hank Rhon sin una aparente orden de cateo o aprehensión.
Pero se olvidan fácilmente los antecedentes de este personaje y lo que ha ocurrido en innumerables ocasiones cuando la autoridad titubea a la hora de ejercer su función persecutoria.
Encontrar a tres tipos a altas horas de la noche bien armados no es para pensar en un juego de niños, como tampoco descubrir 88 armas de fuego y varios miles de cartuchos listos para ser usados.
Jorge Hank ha tenido una vida digna para protagonizar un best seller policiaco. Llegó a Tijuana en 1986 para hacerse cargo del Hipódromo Caliente, cuya concesión había obtenido su padre Carlos Hank González, político de muy altos vuelos de la época de gloria priista.
En 1988 fue vinculado al crimen del periodista Héctor "El Gato" Félix Miranda, acusación de la que nunca ha podido desligarse por su cercanía con los asesinos materiales.
Su jefe de seguridad, Jorge Vera Ayala, es hijo de uno de los homicidas confesos y quien además ha estado envuelto en varios escándalos públicos y acusaciones criminales. Aun así seguía en el puesto hasta el sábado pasado cuando al parecer se dio a la fuga.
En 1995, Hank Rhon fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de México por contrabando de pieles de animales exóticos y en otra ocasión lo arrestaron en Estados Unidos por transportar un tigre de manera ilegal. En ambos casos salió libre, pero quedó evidencia de su proceder irregular.
Su gestión como alcalde de Tijuana estuvo plagada de señalamientos en contra de sus colaboradores, especialmente aquéllos ligados a la seguridad pública.
En su gobierno de 2004 a 2007 el clima de violencia en Tijuana creció de manera alarmante. Varios de sus jefes policiacos fueron traídos del sur del país y regresados tiempo después por ineficientes y por aparentes nexos con el crimen organizado.
Pese a ello Jorge Hank Rhon logró desde la alcaldía mejorar su imagen en Tijuana. Su esposa María Elvia Amaya encabeza una fundación que apoya a los sectores más pobres de la ciudad y su empresa Caliente emplea a miles de personas en todo el país. Sus aportaciones a obras de beneficencia son constantes y generosas, además de que destina montos importantes de publicidad a medios de comunicación locales y nacionales.
El reciente pase del club Xolos a la primera división del futbol mexicano aparentaba ser un sólido trampolín para impulsar un nuevo intento de Hank Rhon para llegar a la gubernatura de Baja California en 2013 y de ahí proyectarse a nivel nacional.
Pero antes tendrá que limpiar su pasado y esperar la resolución del juez en torno a esta acusación de acopio de armas y otras que pudieran reunirse en las próximas horas.
Por cierto, resulta penoso que la PGR acuda a la DEA para pedir informes de un mexicano que vive y opera en su país, sin duda una muestra de la realidad del sistema policiaco de México.
En suma, la acción militar no fue una escena teatral ni motivo de una venganza política, hubo elementos para proceder y ahora hay que esperar con prudencia el desenlace judicial.
Si se desea un país seguro y legal, los mexicanos deben dar oportunidad para que la justicia trabaje y no censurarla de antemano.
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