El proceso que la Fiscalía estatal sigue en contra de seis funcionarios del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) por falsificación de documentos para la contratación de créditos, es apenas una pieza del rompecabezas en el escandaloso caso de la deuda pública de la entidad.
Como es del conocimiento público, el viernes por la tarde fue detenido por la Policía Investigadora Javier Villarreal, el principal operador financiero durante la mitad del sexenio del actual Gobierno Estatal. Luego de 15 horas de permanecer en el penal de Saltillo, el extitular del SATEC fue liberado mediante el pago de una parte de la fianza global fijada en 10 millones de pesos. Después de la liberación de Villarreal, fue detenido Ricardo Fuentes, exadministrador general de Políticas Públicas de la misma dependencia. Hay cuatro personas más sujetas a investigación.
Las reacciones de la opinión pública no se han hecho esperar y van desde quienes consideran que el proceso que lleva a cabo la Fiscalía es un primer paso firme para aclarar todo lo relacionado con la enorme deuda del estado, hasta los que piensan que se trata de una simulación del Gobierno de Coahuila para zafarse, de alguna manera, del proceso legal que sigue la Procuraduría General de la República por el mismo caso.
La postura asumida por el gobernador con licencia Humberto Moreira en este asunto brinda argumentos para quienes se inclinan por la tesis de la simulación. Porque hay que recordar que la investigación de la Fiscalía Estatal se deriva de dos denuncias, una presentada por diputados de Acción Nacional y otra por el propio Moreira, acción esta última que contrasta con las reiterativas declaraciones del presidente nacional del PRI de que las críticas por el manejo financiero de su gobierno responden a una “guerra sucia” o “campaña perversa”.
En este sentido, si dichas críticas no tenían sustento alguno, ¿por qué presentó Moreira una denuncia que motivó una investigación de la Fiscalía que hoy tiene en la mira a seis exfuncionarios del SATEC? Por otra parte, Humberto Moreira, cuyo gobierno ejerció los recursos obtenidos por los créditos autorizados con documentación supuestamente falsa, no puede deslindarse de los actos cometidos por sus funcionarios y alegar que él no sabía lo que hacían. Mantenerse en esa postura es tratar de burlarse de la inteligencia de los ciudadanos.
Pero además de estas cuestiones, hay otras que deben ser resueltas, independientemente de los resultados que arrojen los procesos legales. Las más importantes de ellas son: ¿en qué se invirtieron los 34 mil millones de pesos de la deuda del estado, peso por peso y obra por obra? Y ¿qué va a hacer el próximo gobernador, Rubén Moreira, para evitar que se repitan los excesos en los que incurrió el Gobierno presidido por su hermano? Los coahuilenses están a la espera de respuestas.
