Un estudio sobre los piratas de Somalia presentado a fines de abril en la reunión anual de la Royal Economic Society de Inglaterra plantea que la mayoría de los piratas provienen de la relativamente estable Puntland en vez del verdaderamente anárquico sur de ese país.
La razón para esta paradoja aparente es que los piratas requieren de un nivel básico del Estado de Derecho que les permita almacenar, transportar y comercializar sus botines, pero no en exceso, de manera que al mismo tiempo les impida realizar sus actividades.
La moraleja es que la delincuencia y el crimen proliferan más en países donde existe pero es muy débil el Estado de Derecho, que en aquellos donde reina la anarquía total. Los piratas, como los delincuentes comunes y el crimen organizado son unas epidemias endémicas en países con gobiernos y Estado de Derecho débiles, mientras que las naciones con gobiernos fuertes donde impera la ley y el orden, tienen menos problemas de esta naturaleza.
Los mexicanos hemos comprobado en años recientes que vivíamos en la ilusión del Estado de Derecho y de la capacidad del Gobierno para defender a sus ciudadanos y hacer valer las leyes. La triste realidad es que eso no existe en nuestro país. Hay, en su lugar, una aplicación débil del Estado de Derecho que facilita el crecimiento de la criminalidad.
Las cifras oficiales dicen que alrededor de 35 mil personas han sido asesinadas en México desde que comenzó la lucha del presidente Calderón contra los cárteles del narcotráfico a fines de 2006.
Recientemente se han descubierto fosas clandestinas con cientos de cuerpos, algunos torturados y mutilados, señal de que el verdadero número de víctimas es superior al que reconocen las autoridades, y no se limita, como ellas han insistido, a los criminales.
El gran problema con el tsunami de criminalidad actual está en que no se trata solamente de las actividades de los cárteles del narcotráfico, sino también de la delincuencia común que, como el resto de la ciudadanía, descubrió que el Gobierno y los tribunales son incapaces de capturarlos y aplicar las leyes.
Los secuestros, las extorsiones y los robos de automóviles son perpetrados cada vez en mayor número por este tipo de delincuentes, más que por el crimen organizado. No se necesitó mucho tiempo para que las pandillas de barrio, así como otros criminales se dieran cuenta de la ineptitud y corrupción de las "autoridades", donde abundan los casos de policías y jueces corruptos o vinculados con los transgresores de la ley y el orden.
La complicidad de la policía y los jueces con los grupos criminales, exhibida en varias películas y programas de televisión dentro y fuera del país, deja a los ciudadanos en un gran predicamento, puesto que no tienen a quién acudir para solventar sus cuitas, menos cuando sospechan que las autoridades pudieran estar involucradas en el delito.
Esta epidemia criminal alcanza hoy dimensiones escandalosas. Las protestas de la población civil, sin embargo, caen en oídos sordos. Una prueba es que el domingo 27 de junio de 2004 se realizó una movilización en protesta por la impunidad con la que había crecido hasta esa época la ola criminal.
No obstante, nuestras autoridades desde el gobierno de Vicente Fox y ahora en el de Calderón no han modificado, en lo esencial, las policías, las leyes y los tribunales para dar seguridad a los habitantes del país.
En cambio, nuestros políticos se entretienen en tareas secundarias como defender el monopolio en la producción de energía; o peor aún, la aprobación de leyes triviales como la de combatir el cambio climático o prohibir la comida chatarra en las escuelas.
No extraña, por tanto, que la situación se haya agravado desde entonces y no parece que vaya a mejorar como resultado de la marcha más reciente por la paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia, que lamentablemente se contaminó con objetivos de carácter político, lo que desvió la atención del problema medular.
El número y la gravedad de los delitos seguirán en ascenso hasta que algún gobierno tenga la voluntad de escuchar los reclamos de la población y atienda las enseñanzas de la ciencia económica en esta materia.
Hace décadas se demostró que los delitos de todo tipo se reducen cuando se hace el castigo más cierto y severo. Por consiguiente, las leyes, las policías y los tribunales, factores clave para reducir la criminalidad, deben reformarse para elevar el costo de la profesión criminal y reducir sus beneficios.
Hasta ahora, sin embargo, poco o nada se ha hecho para modernizar nuestros sistemas de justicia. Mientras esto no suceda, el crimen seguirá siendo un buen negocio en México y, tanto las personas como la inversión productiva, buscarán otros países que les brinden mayor seguridad ante el evidente fracaso del Estado mexicano.
