El gobernador del estado mexicano de Coahuila, Jorge Torres, se mostró hoy en contra de cerrar todas las pequeñas minas conocidas como "pocitos" en su territorio, similares a la que sufrió el accidente que sepultó a 14 mineros, donde han muerto seis de ellos.
En un comunicado, Torres replicó que sólo "quien esté fuera de la ley" deberá acatar las disposiciones federales al respecto de la operación minera.
Sus palabras responden a las del secretario federal de Trabajo, Javier Lozano, que señaló al Gobierno estatal como garante de la operación ilegal de algunas de estas explotaciones, al comprar lo que extraen.
El accidente ocurrido el lunes en un "pocito" del municipio de Sabinas mantiene aún atrapados a 8 mineros, de los que no se sabe si están vivos o muertos.
La mina sólo tenía 18 días de estar operativa, sin haberlo notificado a las autoridades, y empleaba a un adolescente que resultó gravemente herido.
"Aquellos propietarios que cumplan con las normas y reglamentos establecidos, podrán continuar operando siempre acatando lo dispuesto por la ley", apuntó Torres.
La seguridad en los yacimientos mexicanos está en entredicho especialmente desde el accidente en la mina de Pasta de Conchos (también en Coahuila) en febrero de 2006, que sepultó a 65 mineros, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados.
Las regulaciones de seguridad han sido cuestionadas por diversos sectores sindicales y sociales; a pesar del debate público, los legisladores no han podido aún cristalizar un nuevo reglamento para modificar los parámetros de operación minera.
El Gobierno de Coahuila quiso tranquilizar a los familiares atribuyendo la lentitud del rescate a las emisiones de gas metano en el interior del yacimiento, y matizó que se ha mejorado la ventilación para avanzar con mayor rapidez.
