El gobierno de Rubén Moreira comienza encendiendo fuegos de artificio, para distraer a una sociedad coahuilense indignada por el encubrimiento y la complicidad, en la falta de rendición de cuentas de su hermano Humberto.
La felicidad por decreto y sonrisas en espacios pagados, rubrican una campaña de propaganda oficial, que de seguro es la primera de muchas otras para las cuales sí habrá dinero, así como el anuncio de programas sociales, sincronizados con el calendario del próximo proceso electoral.
El anuncio más desconcertante refiere a la promulgación de una nueva Constitución para el Estado de Coahuila, que deja boquiabiertos por igual a quienes sepan con qué dedo se come ese plato de atole, como aquellos otros que ignoren lo que es una constitución.
La constitución es la norma jurídica que contiene la estructura fundamental del Estado y se obtiene como resultado de un pacto social. En términos modernos, contiene una parte que reconoce los derechos fundamentales de la persona humana y como tal del individuo ciudadano, y otra sección que se refiere a la forma de gobierno.
Los primeros artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los derechos fundamentales de la persona humana; los artículos 27 y 123 consagran derechos sociales a favor de obreros y campesinos, y el artículo 39 atribuye al pueblo el derecho de establecer el gobierno que le convenga. Enseguida la Constitución postula como forma de gobierno el de una república democrática, representativa y federal, respondiendo a los requerimientos históricos de la nación mexicana.
En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución General de la República crea tres poderes a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía. El Poder Ejecutivo a cargo del Presidente, encargado de la administración pública; el Legislativo en manos del Congreso de la Unión integrado por Senadores y Diputados responsables de la elaboración de las leyes y el Poder Judicial, que se desempeña a través de ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de Juzgados de Distrito y Tribunales de la Federación, que resuelven las controversias de los particulares entre sí y frente a los órganos de gobierno.
La Constitución vigente en nuestro país fue promulgada en el año de 1917 tomando como modelo la de 1857, y como tal se repite con sus reformas en cada uno de los Estados que integran la Federación. Nuestra Constitución Federal y sus correspondientes de los Estados, responden a un modelo universal y cumplen los requisitos de un estado democrático a nivel internacional, por lo que en el aquí y ahora, entre las reformas que los diversos actores políticos de nuestro país demandan, la exigencia de una nueva Constitución, no aparece en la agenda nacional.
Por ello frente al anuncio del gobernador Moreira, en el sentido de hacer una nueva Constitución para el Estado de Coahuila, es obligado preguntar: ¿Con qué propósito?; ¿vamos a superar al resto de los Estados de la Unión?; ¿vamos a rebasar a la República en su conjunto?; ¿vamos a separarnos del Pacto Federal y a exigir como bien propio la Cuenca de Burgos?
En Coahuila no son nuevas leyes ni una nueva Constitución lo que se requiere, sino el cumplimiento de las que ya tenemos. Nuestro problema es que la Constitución Estatal vigente es letra muerta, porque entre otras cosas la división de poderes no existe. El Congreso de Coahuila está vergonzosamente postrado a los pies del Ejecutivo, lo que acarrea una cascada de males, entre los que destacan la falta de transparencia y de rendición de cuentas, que nos ha llevado a una deuda descomunal cuyo destino de aplicación sigue deliberadamente oculto.
Lejos de una nueva Constitución o nuevas leyes, lo que se requiere en Coahuila es voluntad política de los gobernantes para cumplir con las normas que existen. Lo demás son cortinas de humo e intentos vanos por descubrir el hilo negro.
